Los casos de la década de 1990 demuestran cómo la retórica de la “secta” destruyó reputaciones y dio lugar a acusaciones falsas en Argentina. La historia se repite en el caso Rudnev.
Por Alejandro Agostinelli
El “sentido común” que moviliza a los etiquetadores de ciertos movimientos como “sectas”, el poder poco o nada auditado de las fiscalías, el uso expansivo de figuras penales como las leyes de trata de personas, la exposición mediática de las investigaciones judiciales a partir de filtraciones y la forma en que los medios construyen la culpabilidad antes de la sentencia son esenciales tanto en una causa judicial como en una pieza periodística. Aun así, estos intereses permanecen prácticamente invisibles para las grandes audiencias. No porque falten especialistas en disciplinas científicas que puedan hacer luz en la oscuridad, sino porque es más fácil, corporativamente beneficioso e incluso lucrativo ser parte de esta estructura, una “cultura de la sospecha” enraizada en la corriente principal. Mucho más energías, tiempo y medios llevará comprenderla, exponerla y desmantelarla.
El reciente caso de Konstantin Rudnev en Argentina constituye un ejemplo de manual sobre la fabricación de un pánico moral mediático-judicial. La cobertura noticiosa aplicó la fórmula amarillista de siempre: “si sangra, vende”, al decir de Marco Respinti, quien agrega algo más incómodo: los periodistas neutrales no necesitan simpatizar con las llamadas “sectas” para reconocer el grave abuso que comete su profesión cuando abandona su responsabilidad principal —informar sin distorsionar los hechos—; la ética profesional, por sí sola, debería bastar. Y esa desproporción respecto del riesgo real y los operativos de fuerzas de seguridad centrados en “rescatar” a víctimas, que niegan serlo o directamente no existen, terminan causando más daño que aquel que los fiscales, los “antisectas” o los medios dicen prevenir.
Hay un punto básico que consiste en identificar y conocer el grupo (nombre oficial, número de seguidores, etc.) y su trayectoria histórica, escuchar a los representantes y los miembros de la comunidad, entrevistar a personas que afirman haber sido perjudicadas por sus actividades, buscar fuentes expertas (sociólogos, antropólogos, historiadores), abogados de ambas partes y, si el caso está judicializado, conseguir el testimonio de los responsables oficiales de una investigación en curso. Pero este abecé raramente se cumple.
Los crímenes que valentina no cometió
En 1991, un matutino argentino publicaba a doble página un artículo titulado “Los invasores”, bajo la volanta “Las sectas de los platillos voladores”. El autor enmarcaba la creciente popularidad del “ingenuo” mito ovni con otras tendencias sociales que, en su opinión, conducían a los interesados a estos “cultos pseudocientíficos”. Fijaba como un hecho que este movimiento constituía “un riesgoso desafío para la salud mental de aficionados al misterio… tentados por esa carnada con forma de platillo volador”. Solo voy a comentar el encabezamiento: diseccionar todo el artículo ofrece material para una tesis completa.
“Aunque parezca un entretenimiento inocuo o una afición que no le hace mal a nadie, la creencia irracional en extraterrestres que descenderán del cielo para salvar al hombre de su autodestrucción no sólo constituye un recurso mezquino para evadirse de la responsabilidad del propio albedrío, sino que también es un camino más corto para que algunos entusiastas terminen atrapados en las redes de sectas destructivas, llamadas así porque disuelven la personalidad de aquellos en un cuerpo de doctrinas dogmáticas, eliminan todo atisbo de pensamiento reflexivo y logran, más temprano que tarde, reformar completamente su sistema de creencias, para lo cual se valen de una serie de técnicas que los estudiosos del problema sectario no exageran en denominar ‘lavado de cerebro’.” (“Página/12”, 13/08/1991)
Las negritas me pertenecen. Y el texto también: el artículo lo escribí yo mismo hace 35 años.
Hoy esa nota publicada en “Página/12” es un “caso piloto” sobre cómo se estructuró el discurso de agitación social, pánico moral y estigmatización de las minorías religiosas en la Argentina de fines de la década de 1980 y principios de los 90. Se inscribía en un momento bisagra, cuando el debate en torno a las “sectas” migraba de la “invasión” de las “iglesias electrónicas”, predicadores evangélicos a los que se les atribuía un rol de “infiltración geopolítica e imperialista” (1985-1988), y las minorías religiosas más estigmatizadas (la Iglesia de la Unificación, los Testigos de Jehová, los Pentecostales, Cienciología, los Niños de Dios, etc.), hasta el advenimiento de grupos novedosos, como los que habitaban la cultura ufológica y otros márgenes de la religiosidad. En plena década del noventa, el “problema social de las sectas“ asomó como una amenaza, sobre todo tras la llegada al país del modelo norteamericano y europeo de “persuasión coercitiva”.
La noción misma de “sectas destructivas que anulan la voluntad de los sujetos”, que descalifica al grupo negándole autonomía de los conversos, e incluso la autoridad que el artículo le confiere a “los estudiosos del problema sectario [que] no exageran en denominar ‘lavado de cerebro’”, hoy, al menos a mí, me pone la piel de gallina. En mi mente, los “estudiosos” eran los periodistas especializados Pepe Rodríguez, autor de “El poder de las sectas” (1989), y el argentino Alfredo Silletta, autor de títulos como “Las sectas invaden la Argentina” (1986), además del psicólogo José María Baamonde, cuyo estrecho vínculo con la Iglesia Católica no consideré incompatible con un juicio ponderado, acaso porque hasta no hace mucho los sacerdotes y los miembros seculares de la Iglesia eran considerados los “dueños” del campo religioso.
Mi artículo de “Página/12” en agosto de 1991 operó, más que como una profecía, como un catalizador del clima de “invasión de sectas” que iba a estallar al año siguiente. En julio de 1992, cuando el jefe de la policía de Paraná, Brasil, acusó a la líder del grupo Lineamiento Universal Superior (LUS), Valentina de Andrade, de un supuesto crimen ritual, yo mismo, actuando como co-creador de noticias con mi colega Silletta, me apuré a orientar el debate público bajo el estigma de la “secta destructiva”.
Mi responsabilidad fue limitada porque aclaré que ignoraba la causa, pero la líder brasileña había escrito en su libro “La verdad sobre Dios” (1989) que “los niños nacidos después de 1981 tienen una energía nefasta”. Así quedó establecida la culpabilidad por asociación.
El video donde supuestamente el esposo de Valentina, José Teruggi, decía en trance: “Maten la criancinha que yo pedí” causó conmoción. El corresponsal de un diario argentino validó esta traducción y la noticia explotó en nuestro país. Meses después, las pericias oficiales demostraron que la frase era “Mas tem criancinhas que são experientes”.
La espectacularización se había alimentado de una fantasía lingüística co-creada por un periodista. En septiembre de 1992, Valentina y Teruggi fueron absueltos. Pero la persecución contra ella y su grupo persistió. Entre 1993 y 2003 atravesó un largo proceso judicial. Por su historia controvertida y sus visitas a Altamira, Brasil, De Andrade fue acusada por el secuestro, mutilación y asesinato de niños entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Fue absuelta a finales de 2003, cuando la policía detuvo al asesino serial Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, quien confesó la autoría de los crímenes.
Confesiones de un antisectas arrepentido
Hoy estaría aún más avergonzado de mi precipitado activismo si no fuera porque tres años después escribí el artículo “El fiasco de las acusaciones contra Valentina” (“La Maga”, 4/05/1994). No todo periodista tiene la suerte de entablar amistad con un académico paciente como el Dr. Alejandro Frigerio, quien me facilitó las lecturas que me iban a reencauzar.
En esa nota reconocí que mis conclusiones anteriores habían estado al servicio de un marco interpretativo antisectas: “Lejos de ser una descripción objetiva de la vida interna de los grupos, [esa nota era] una excelente radiografía de mis prejuicios, mis temores y mis opiniones personales”. Ahí mismo escribí que la teoría del lavado de cerebro carecía de sustento científico —un “cliché que sirve para lavarse las manos”—, una etiqueta cómoda para que los exmiembros eludan la responsabilidad de sus propios actos o para que las familias justifiquen rupturas y abandonos del hogar. El uso sistemático de esas etiquetas, agregué, “solo sirve para estigmatizar y provocar, por vía de la persecución mediática y judicial, el aislamiento que justamente se busca prevenir”. Al partir de esos sesgos, “el punto de llegada estaba cantado antes de empezar”: hablar de “sectas” “tiene más que ver con la ideología que con la sociología”, porque estos grupos “son más religiosos que peligrosos”. Bajo esa lógica, los científicos sociales, los exmiembros sin rencores y los periodistas que buscan neutralidad terminan convertidos en “cómplices”, “encubridores” o directamente en víctimas de la “persuasión coercitiva”.
Para escribir mi artículo en “Página/12” no podría haber consultado fuentes más sesgadas: me basé en testimonios de ex adherentes o ex miembros desilusionados. Visité el grupo con una carga de prejuicios que me cegó ante lo evidente. Allí había empezado (y terminado) mi “investigación”, sin tener en cuenta que los relatos de apóstatas militantes deben manejarse con extremo cuidado, ya que tienden a moldearse siguiendo el patrón de “historias de atrocidades”. Estos relatos pueden exacerbar o novelar experiencias, redefiniendo al grupo anterior como intrínsecamente ‘malvado’ y movilizando recursos públicos en su contra. A menudo, el exmiembro apela a una retórica más creativa que neutral para exculparse de su propia responsabilidad y justificar decisiones pasadas, abrazando una mística determinista —el papel de víctima del “lavado de cerebro” o la “persuasión coercitiva”— que le baja el precio a su participación previa y lo relega a una condición pasiva, casi zombie.
Esto también tiene que ver con la readaptación de quien decide apartarse de un grupo marginado: como la sociedad ofrece pocas vías de reinserción para el que se va, esa persona busca asimilarse a la moralidad media adoptando el rol legitimado del ‘apóstata’, que en ocasiones exige una renuncia melodramática del propio pasado para lograr atención del entorno cercano, cuando no alivio psicológico y escucha social.
En “The Making of a Moonie” (1984), la catedrática de sociología y miembro emérita de la London School of Economics (LSE), Eileen Barker, demostró que los disidentes que exageran sus relatos o despliegan un menú de falsas acusaciones son una minoría que no representa las vivencias de la mayoría de exmiembros, cuyas experiencias no suelen ser atendidas. Pero esto no impide que, a menudo, la apostasía se convierta en una carrera, bien aprovechada por la prensa sensacionalista. Eventualmente, el sujeto pone en escena su arrepentimiento y denuncia la ‘perversidad’ del grupo, transformando su condición de exmiembro en una especialidad o profesión —”asesor”, “testigo experto” o incluso “influencer antisectas”— como vía de subsistencia económica y validación social.
Los sociólogos Thomas Robbins y Alejandro Frigerio han explicado cómo los medios y el activismo antisectas fabrican juntos los escándalos públicos. Robbins llama a este sesgo “maniqueísmo epistemológico”: se cree a pie juntillas a los exmiembros que acusan, mientras se descarta o infantiliza a los creyentes que siguen en el grupo, a quienes el “lavado de cerebro” —sostienen— les quitó la capacidad de decidir. Así, los grupos antisectas terminan hablando en nombre de las supuestas víctimas sin dejarlas hablar por sí mismas, y validan sin más trámite la voz del exmiembro hostil. Para mantener encendida la llama, ese activismo recurre a lo que Joel Best llama “expansión del dominio del problema”: necesita conseguir cada vez más exmiembros dispuestos a contar historias terribles, y estira la etiqueta de “secta peligrosa” hasta incluir prácticas comunes como el yoga, la biodanza o la ufología. Esa ampliación constante de la amenaza le permite justificar su existencia, ganar prestigio y presionar por leyes más duras, como castigar penalmente la simple “captación de conciencia”.
Mi propio artículo de 1991 ya contenía la trampa en miniatura. Daba por buena la idea de que estos grupos “disuelven la personalidad”, “eliminan todo atisbo de pensamiento reflexivo” y “reforman” el sistema de creencias de sus adherentes; si alguno declaraba pertenecer por voluntad propia, esa misma felicidad se leía como la prueba de que el lavado de cerebro había funcionado. Las etiquetas punitivas que todavía hoy se aplican sobre un conjunto heterogéneo de agrupaciones bastan para confirmar que el tratamiento periodístico y judicial del tema no mejoró demasiado desde entonces.
Barker advertía que para saber si en un grupo se cometen abusos o manipulaciones, hay que definirlo con independencia de cualquier prejuicio: meter en la misma bolsa a un colectivo diverso impide toda neutralidad y todo hallazgo empírico genuino. La falacia de la culpabilidad por asociación funciona igual: si se rotula bajo la misma categoría —”sectas platillistas”— a grupos tan distintos como aficionados pacíficos al misterio y agrupaciones polémicas, la generalización tiñe de sospecha a todo liderazgo, doctrina y adherente de un movimiento no tradicional, y los despoja de su identidad particular.
Bajo esa misma lógica, mi artículo de 1991 precedía la descripción de cualquier grupo o figura del movimiento contactista argentino con un “resumen negativo de hechos”. A partir de esa “tematización”, combiné la fascinación por la vida extraterrestre, ciertas dinámicas comerciales y casos policiales sin resolución judicial: juntos, aunque ninguno lo fuera por separado, proyectaban la sombra de una amenaza social urgente que justificaba la condena pública, la intervención del Estado, reformas legislativas y operativos de allanamiento.
El pánico moral que vino del frío
La causa que mantiene detenido a Konstantín Rudnev en Argentina repite este patrón con una precisión casi milimétrica. El fiscal Fernando Arrigo —cuestionado por su manejo indolente de las pruebas y su “hostilidad obsesiva” en otros casos mediáticos— sostuvo la imputación con un fervor que hubiera sido admirable en una causa basada en evidencias. Gran parte del perfil público de Rudnev se edificó sobre la propaganda estatal rusa de “RIA Novosti” (2013), que lo describía como el “extraterrestre de Sirio” con 30 mil seguidores, una biografía caricaturesca usada para justificar su condena a 11 años en Rusia. Ese retrato aportó el clima de sospecha con el que llegó a Bariloche, aunque no probaba delito alguno en Argentina.
La causa iniciada en 2025 lo acusa de trata de personas agravada, reducción a la servidumbre, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y transporte de estupefacientes; este último cargo se derrumbó cuando las pericias químicas revelaron que las supuestas sustancias incautadas eran pastillas para dormir y hongos de cocina comunes. La acusación de “pornografía ritual”, por su parte, corresponde a un allanamiento en una vivienda alquilada en Žabljak, Montenegro, en octubre de 2024, sin ningún vínculo con Rudnev y donde nadie fue procesado. Sin embargo, los medios argentinos reciclaron esa narrativa de la prensa sensacionalista de los Balcanes, que insistía en conectar a Rudnev con el allanamiento.
Invención de una víctima
El núcleo del expediente tiene nombre propio: Elena Makarova, la única “víctima”. En su declaración en Cámara Gesell fue contundente: afirmó no conocer a Rudnev, moverse libremente en Bariloche y no haber sufrido coacción ni explotación. Ya de regreso en Rusia, denunció penalmente a los fiscales por forzar su condición de víctima.
Como explica la antropóloga argentina María Vardé, este mecanismo opera como un dispositivo de “culpa por asociación“ que despoja de agencia a las personas: si una mujer adulta e independiente niega haber sido explotada, las psicólogas de la PROTEX toman esa negación como “prueba” de que el lavado de cerebro funcionó. Es la misma lógica de los brujos de salón: si el hechizo “funciona”, el cliente vuelve; si no funciona, tiene que volver igual. El conjuro es demasiado poderoso. La magia —y los fiscales— nunca pierden.
En abril de 2026, el CESNUR publicó un estudio que desmanteló los ejes de la causa. En mayo del mismo año, la defensa de Rudnev planteó la recusación del fiscal Arrigo por una “falta absoluta de objetividad” y dos ONG internacionales con estatus consultivo especial ante el ECOSOC, CADD (Citoyens en action pour la démocratie et le développement) y CAP-LC (Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience), denuciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el ensañamiento del fiscal, su “obsesión especial” contra el acusado y las irregularidades procesales de la causa. Desde entonces, el caso ha devenido en un “teatro de control del crimen“, en los términos de la socióloga canadiense y profesora en la Universidad Concordia, Montreal, Susan Palmer.
A pesar de su delicado estado de salud tras una cirugía por hernia inguinal, la Cámara de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria de Rudnev en junio de 2026, enviando a un hombre gravemente enfermo de vuelta a la prisión de Rawson basándose en fábulas de internet y de la propaganda rusa.
Konstantín Rudnev sigue detenido de forma preventiva, sin condena.
Alejandro Agostinelli is an Argentine journalist and editor of FactorElBlog.com. He has published “Invasores. Historias reales de extraterrestres en Argentina” (Sudamericana, Random House, 2009) and “Argentina X. Un cronista a la caza de fantasmas, alienígenas y demonios” (Fondo de Cultura Económica, 2025).
