Dos procesos judiciales argentinos revelan un patrón de crueldad institucional obsesiva que pone en peligro a imputados vulnerables y socava la justicia.
Por Raffaella Di Marzio
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Durante muchos años, he monitoreado y documentado violaciones de derechos humanos en diversas partes del mundo desde la perspectiva de la psicología de la religión. Mi preocupación principal siempre ha sido la discriminación y la persecución de minorías religiosas o espirituales, cuyos líderes suelen convertirse en los blancos preferidos de los activistas antisectas, de los medios sensacionalistas y de las autoridades judiciales.
Las acusaciones dirigidas contra estos grupos y sus representantes están, en la inmensa mayoría de los casos, desprovistas de pruebas. Son narrativas construidas, enraizadas en prejuicios y en el malestar que provocan las orientaciones filosóficas, religiosas o espirituales no convencionales dentro de los marcos culturales dominantes.
Etiquetar asociaciones pacíficas como “sectas” y retratar a sus líderes como extremistas o incluso terroristas acarrean consecuencias que distan de ser meramente simbólicas. Estas etiquetas, basadas en estereotipos más que en hechos, exponen a individuos y comunidades a daños duraderos. En países donde el aislamiento y la detención punitiva se emplean como instrumentos de control, tal estigmatización puede agravar el sufrimiento de personas que ya viven en condiciones frágiles. El impacto psicológico y físico es profundo, especialmente cuando el propio sistema de justicia se convierte en un vehículo de violencia en lugar de un resguardo contra ella.
Un ejemplo reciente, ampliamente documentado por “Bitter Winter”, es el caso de Konstantin Rudnev, el maestro espiritual ruso acusado en Argentina de reorganizar allí su supuesta “secta”. Gravemente enfermo, confinado a una silla de ruedas y escoltado como si fuera un criminal peligroso, ha sufrido un deterioro de su salud que refleja la hostilidad de un fiscal que, mediante decisiones, omisiones y una postura persistentemente adversarial, lo ha perseguido durante más de un año sin presentar pruebas corroborantes.
La situación se agravó cuando la Cámara de Casación, a pedido del mismo fiscal, Fernando Arrigo, revocó su arresto domiciliario y ordenó su regreso a prisión. Esta decisión llegó después de catorce meses durante los cuales los abogados defensores documentaron inconsistencias procesales, presentaron recomendaciones médicas esenciales para preservar la salud de Rudnev y denunciaron formas de obstrucción que contribuyeron a su colapso.
El fallo desatendió la condición de un paciente recién operado y en un estado de extrema vulnerabilidad. Aparece como un acto de hostigamiento judicial incompatible con las responsabilidades de una de las instituciones más altas de la Argentina. Al avalar el enfoque del fiscal, la Cámara de Casación ha reforzado un patrón de crueldad contra una persona enferma e indefensa.
La psicología ofrece un marco para comprender ciertos comportamientos de individuos que ejercen poder sobre sujetos vulnerables. La investigación describe un perfil caracterizado por rasgos de personalidad patológicos y una tendencia al desapego moral, un estado en el que los individuos se perciben a sí mismos como exentos de límites éticos. Cuando tales personas se encuentran con sus víctimas, muestran falta de empatía, incluso cuando estas están enfermas. Obtienen satisfacción del ejercicio del control sin que el respeto a la humanidad del otro imponga límites.En casos extremos, esta dinámica se aproxima al sadismo genuino. La debilidad de la víctima amplifica el sentido de omnipotencia del agresor, pues la autoridad que detenta le permite determinar su destino. La víctima es impotente frente a tal abuso.
La situación en la que se encuentra Rudnev refleja varias de estas dinámicas. El fiscal Arrigo, quien lleva su causa, puede parecer, ante un observador psicológico externo, alguien decidido a infligir sufrimiento como medio para obtener una condena y quizá una confesión, desestimando el dolor físico y psicológico de otro ser humano. La psicología describe esta actitud como frialdad emocional o desconexión afectiva. Quienes ejercen el poder de esta manera conciben el mundo como dividido entre depredadores y presas. Desde una posición de autoridad, como la de un fiscal, se comportan como si su función fuera subyugar a la persona que tienen delante, percibida como enemiga de la sociedad, en lugar de aplicar la ley con base en pruebas confiables y testimonios creíbles.
Rudnev no es tratado como un imputado con derechos garantizados por el sistema judicial. Es tratado como un medio a través del cual el fiscal puede reafirmar la intolerancia del Estado hacia las “sectas”, la importancia de su cargo y la magnitud del poder que este le confiere. Esta conciencia fortalece la autoestima del fiscal y su sensación de omnipotencia.
No estoy acusando al fiscal Arrigo de actuar por animosidad personal contra el imputado. Estoy segura de que está sinceramente convencido de que está sirviendo a la justicia y protegiendo a la sociedad argentina. El problema es que, desde la psicología, esto no excluye un síndrome de omnipotencia que roza el abuso. De hecho, puede ser un elemento típico.
En esta relación asimétrica, Rudnev se deshumaniza. Se percibe como menos humano e inferior, lo cual se ve favorecido por la acusación vaga y no probada de que dirige una “secta”. Esta acusación conlleva un enorme estigma en el imaginario público. En un entorno acusatorio de este tipo, incluso las decisiones más irrazonables pueden justificarse, especialmente cuando la opinión pública ha sido moldeada por narrativas mediáticas que presentan al acusado como inherentemente culpable.
La violencia psicológica y física infligida a Rudnev puede analizarse como violencia institucionalizada, ejercida por instituciones que deberían, en cambio, garantizar la justicia, castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Esta violencia institucional se racionaliza y se utiliza como herramienta para subyugar a una persona en situación de dificultad y borrar su identidad y sus convicciones más profundas.
El caso Rudnev no es un episodio aislado. Un patrón similar emerge en la acusación de Arrigo contra el líder mapuche Facundo Jones Huala, un caso que también ha suscitado serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
Jones Huala, figura destacada del movimiento por los derechos indígenas, ha sido sometido a una detención prolongada marcada, según sus abogados, por irregularidades procesales, demoras y decisiones que parecen desconectadas del expediente probatorio. El fiscal Arrigo ha seguido una estrategia que refleja el enfoque observado en el caso Rudnev. Según sus abogados, en el proceso contra Jones Huala se han formulado acusaciones sin una formalización oportuna; la prisión preventiva se ha extendido con base en afirmaciones vagas sobre la complejidad del caso, y los recursos de la defensa han sido recibidos con una resistencia que roza la obstrucción. La custodia prolongada renovada una y otra vez sin la presentación de cargos formales, la persistente negativa a trasladar a Jones Huala a un establecimiento adecuado para su condición y la ausencia de atención médica apropiada durante el período en que recurrió a una huelga de hambre cuentan una historia familiar para quienes han seguido el caso Rudnev. El patrón sugiere una postura fiscal impulsada por un espíritu adversarial, dirigida a individuos percibidos como social o ideológicamente inconvenientes.
Los paralelos entre ambos casos son difíciles de ignorar. En ambos casos, el enfoque fiscal ha contribuido al deterioro de la salud y el bienestar del imputado. En ambos casos, las decisiones parecen haber sido tomadas sin la debida consideración de la evidencia médica ni de la equidad procesal. En ambos casos, los imputados han sido retratados mediante narrativas estigmatizantes que alimentan la hostilidad pública.
El caso Jones Huala demuestra que los problemas planteados por la acusación de Rudnev no se limitan a un solo imputado ni a una sola comunidad. Reflejan un patrón más amplio de extralimitación que amenaza la integridad del sistema de justicia y los derechos de quienes quedan fuera de los marcos culturales o políticos dominantes.
El caso Rudnev ya ha sido reportado por importantes organizaciones internacionales comprometidas con la protección de los derechos humanos universales. Un grupo internacional de académicos y activistas de derechos humanos está monitoreando el caso y el contexto más amplio en Argentina. Un grupo de juristas y especialistas en derechos humanos en Argentina está llevando a cabo otra investigación. Prestan especial atención a casos de arbitrariedad, abuso de poder y crueldad injustificada hacia imputados que, en realidad, se convierten en las verdaderas víctimas.
Es precisamente esta constante atención nacional e internacional y este control público los que actúan como un importante freno frente a nuevas arbitrariedades.
El elemento psicológico que emerge de la actitud del fiscal no puede ignorarse. La esperanza es que estas denuncias conduzcan al resultado adecuado: la restauración de los derechos y la dignidad de una persona que no ha cometido ningún delito como ser humano.
Raffaella Di Marzio has been involved for over thirty years in researching, studying, and lecturing about minority religions and new religious movements, both in Italy and internationally. She holds a Ph.D. in psychology, is the author of four books and numerous essays and articles, and a lecturer in three Master’s Degree programs at the Adventist University of Florence, the University of Salerno, and the University of Bari. Di Marzio is also the director of the Center for the Study of Freedom of Religion, Belief, and Conscience (LIREC), which works to promote and defend the right to freedom of religion or belief and engages in a constant, critical dialogue with Italian and international institutions.
