Dos presos, dos comunidades en angustia y una voluntad fiscal que se niega a ceder
por Massimo Introvigne
El 19 de junio, los simpatizantes del líder mapuche Facundo Jones Huala difundieron un nuevo relato de su visita a la cárcel de Rawson, Argentina, y la imagen que describen es la de un hombre cuyo cuerpo se derrumba bajo el peso de una huelga de hambre que ya lleva cincuenta y tres días, con cuatro días de abstención total de líquidos. Hablan de confusión, mareos, cansancio extremo, dolores punzantes y deshidratación profunda. Hablan de un preso que lleva un año en prisión preventiva sin acusación formal, en una causa marcada por irregularidades y por la ausencia de pruebas concretas. Hablan de una orden judicial de traslado a Esquel, emitida el 5 de junio, que no se ha cumplido. Hablan de una sala de salud en estado de abandono y de una supervisión médica que parece más simbólica que efectiva. Y hablan de un hombre cuya vida se desvanece visiblemente.
Su petición está dirigida a fiscales, jueces y autoridades penitenciarias. Reclama una evaluación médica independiente, la presencia de observadores de derechos humanos, el cumplimiento de la orden de traslado y la resolución del limbo procesal que ya dura doce meses. Termina con una lista de funcionarios a quienes se responsabiliza de cualquier deterioro adicional en la condición de Jones Huala, incluyendo al fiscal Fernando Arrigo y sus colegas. Termina con una advertencia de que la presión ejercida sobre el sistema judicial por las autoridades de seguridad representa una amenaza para las garantías democráticas.
Los lectores de “Bitter Winter” conocen nuestro interés en el caso del maestro espiritual y disidente ruso Konstantin Rudnev, cuyo destino también está ligado a las decisiones del fiscal Arrigo. No tomamos posición sobre la inocencia o culpabilidad de Jones Huala, ni entramos en las disputas políticas o territoriales que rodean a su causa. Lo que nos preocupa es el patrón que emerge cuando dos presos sin conexión entre sí, de culturas y mundos distintos, describen la misma conducta fiscal y el mismo desprecio por la fragilidad humana.
Los simpatizantes de Rudnev han denunciado desde hace tiempo la forma en que se ha tratado su salud. Han descrito a un hombre cuya condición se deterioró hasta requerir hospitalización y cirugía, y que, sin embargo, sigue amenazado con ser devuelto a prisión. Han descrito apelaciones fiscales presentadas en rápida sucesión para bloquear medidas humanitarias, revertir decisiones judiciales y mantener las condiciones más duras posibles. Han descrito una actitud fiscal que parece impulsada por la hostilidad más que por la necesidad legal.
El nuevo testimonio de los visitantes mapuches aporta otra capa a este cuadro. Retrata a un equipo de fiscales, bajo la coordinación de Arrigo, que ha permitido que una huelga de hambre avance hasta el borde de lo irreversible, mientras los trámites procesales permanecen estancados. Retrata a un sistema penitenciario que no ha cumplido una orden judicial de traslado. Retrata una cadena de decisiones que sitúa la rigidez institucional por encima de la preservación de la vida.
Cuando dos casos distintos revelan los mismos rasgos —la misma indiferencia ante el sufrimiento y la misma insistencia en el control punitivo—, la pregunta se vuelve más amplia que el destino de cada preso. Se convierte en una pregunta sobre el ejercicio del poder estatal, sobre la disposición psicológica de quienes lo detentan y sobre si un fiscal que desoye repetidamente las advertencias médicas, las instrucciones judiciales y las consideraciones humanitarias debe seguir determinando la libertad y la supervivencia de individuos vulnerables.
Los simpatizantes de Jones Huala describen a un hombre que apenas puede mantenerse en pie, que lucha por respirar, que siente frío incluso en una habitación calefaccionada, que olvida palabras y que oscila entre la lucidez y la confusión. Los simpatizantes de Rudnev describen a un hombre cuyo estado médico ha sido ignorado, cuyos derechos legales han sido suspendidos en la práctica y cuya vida ha sido puesta en riesgo por decisiones que parecen estar motivadas por algo distinto de la justicia.
Estos testimonios convergen en un punto: la conducta del fiscal Arrigo y de su equipo genera profundas preocupaciones sobre la objetividad del proceso judicial. Un fiscal que trata los cuerpos humanos como obstáculos, la fragilidad médica como una molestia y las órdenes judiciales como sugerencias proyecta una larga sombra sobre la credibilidad de las instituciones que representa.
El sufrimiento de Jones Huala y el de Rudnev no son idénticos. Sus historias, creencias y comunidades son diferentes. Sin embargo, ambos se presentan ahora como espejos que reflejan la misma postura fiscal. Y ambos recuerdan que la medida de un sistema de justicia radica en cómo trata a quienes están más débiles, más enfermos y más solos.
Estos casos exigen atención pública. Exigen escrutinio. Exigen que quienes tienen poder rindan cuentas cuando sus acciones ponen en riesgo la vida humana. El futuro de dos presos y la integridad del sistema judicial dependen de ello.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
