La detención en prisión puede poner en riesgo la vida del disidente y maestro espiritual ruso.
Por Bitter Winter
A:
Ministerio de Justicia de la Nación Argentina
Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina
Oficina del Presidente de la Nación Argentina
Excelencias:
Las organizaciones de derechos humanos firmantes desean renovar las preocupaciones que ya hemos expresado respecto del caso de Konstantin Rudnev, maestro espiritual y disidente ruso, cuya persecución penal en Argentina continúa planteando serios problemas fácticos, procesales y de derechos humanos. Entendemos que la Cámara de Casación ha revocado su arresto domiciliario y ha ordenado su regreso a prisión, a la espera de un examen médico forense destinado a evaluar su estado de salud actual.
Respetuosamente señalamos que esta decisión, si se ejecuta sin considerar plenamente el deterioro físico del señor Rudnev, puede exponerlo a un daño grave y potencialmente irreversible. Su fragilidad médica está sobradamente documentada. Los prolongados períodos de detención, las reiteradas interrupciones de su atención sanitaria y el estrés acumulado del proceso judicial lo han dejado en una condición que no puede soportar con seguridad el encarcelamiento en un establecimiento de alta seguridad. Un traslado en estas circunstancias podría resultar fatal.
Si bien reiteramos nuestras dudas de larga data sobre la base probatoria de la acusación, nuestro pedido de hoy es estrictamente humanitario. Instamos a las autoridades competentes a impedir cualquier traslado a un entorno penitenciario que ponga en riesgo la vida de Rudnev. Argentina tiene una orgullosa tradición de respeto a la dignidad humana y al derecho a la salud; solicitamos que estos principios guíen las decisiones que se adopten en este caso.
También llamamos su atención sobre el reciente estudio psicológico publicado por la académica Raffaella Di Marzio, que analiza la conducta del fiscal Fernando Arrigo, responsable del caso Rudnev. Su análisis identifica patrones conductuales compatibles con una postura fiscal obsesiva y desproporcionada, lo que genera legítimas dudas sobre la objetividad y la proporcionalidad de sus actuaciones. Estas preocupaciones no se limitan al caso Rudnev. El fiscal Arrigo enfrenta críticas significativas por su manejo del caso del líder mapuche Facundo Jones Huala, en el que se han señalado problemas similares de rigidez excesiva, prolongación de la prisión preventiva y desatención de consideraciones humanitarias.
La convergencia de estos patrones en causas no relacionadas sugiere un problema estructural que no puede ignorarse. En este contexto, solicitamos respetuosamente que las autoridades consideren remover al fiscal Arrigo del caso Rudnev, a fin de garantizar que las decisiones futuras se adopten con la neutralidad, el equilibrio y el respeto a los derechos humanos que caracterizan al sistema de justicia argentino.
Nuestras organizaciones permanecen disponibles para el diálogo y la cooperación. Confiamos en que Argentina, nación con un firme compromiso constitucional e internacional en materia de derechos humanos, adoptará las medidas necesarias para proteger la vida y la dignidad de una persona vulnerable cuyo estado de salud se deteriora con rapidez.
Agradecemos su atención a este asunto urgente.
Atentamente,
Firmas (como representantes legales de sus organizaciones):
Alessandro Amicarelli, presidente, FOB – Federación Europea por la Libertad de Creencia
Francesco Curto, cofundador, Fedinsieme.
Raffaella Di Marzio, directora ejecutiva, LIREC – Centro de Estudios sobre la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia
Willy Fautré, cofundador y director, HRWF – Human Rights Without Frontiers
Massimo Introvigne, cofundador y director ejecutivo, CESNUR – Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones
Camelia Marin, subdirectora, Soteria International
Eva Miskelova, secretaria ejecutiva, Foro Centroeuropeo para la Libertad de Religión o de Creencia
Hans Noot, director, Gerard Noodt Foundation for Freedom of Religion or Belief
Marco Respinti, director responsable, “Bitter Winter”, revista diaria sobre libertad religiosa y derechos humanos
Rosita Šorytė, presidenta, ORLIR – Observatorio Internacional de Libertad Religiosa de los Refugiados
Thierry Valle, presidente, CAP-LC – Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience
René Wadlow, presidente, Association of World Citizens
