Protestas mapuches frente a la cárcel de Rawson señalan a Fernando Arrigo, el mismo funcionario que busca mantener al disidente ruso tras las rejas.
Por Massimo Introvigne
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Los últimos acontecimientos en la causa del líder mapuche Facundo Jones Huala volvieron a poner en el centro de la escena nacional el trabajo del fiscal argentino Fernando Arrigo. El 17 de junio, manifestantes se concentraron frente al Módulo 6 de la cárcel de Rawson, el establecimiento de máxima seguridad donde Jones Huala continúa detenido, para denunciar lo que describen como un ciclo de arbitrariedad y abuso.
La indignación creció después de que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmara la ampliación de la imputación y ratificara una nueva prórroga de noventa días de la prisión preventiva, lo que garantiza que seguirá tras las rejas al menos hasta el 30 de agosto. La misma Cámara debe resolver el 23 de junio sobre la suspensión de su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Esquel, una medida apelada la semana pasada y que permanece congelada hasta que los jueces se pronuncien.
Dentro de la comunidad de seguidores de Jones Huala, la preocupación llegó a un punto crítico. Familiares informan que Jones Huala retomó una huelga seca y ya acumula cuarenta y nueve días sin ingerir alimentos, lo que deteriora de manera visible su estado físico, mental, espiritual y emocional. Su madre, María Isabel Huala, reconocida lawentuchefe, difundió una carta pública pidiendo que se acelere la audiencia pendiente. Advirtió que la prolongación de la huelga puede tener consecuencias irreversibles y responsabilizó a funcionarios nacionales y actores judiciales por el sufrimiento que atraviesa su hijo.
Según se comenta, activistas mapuches recurren a los espíritus de sus antepasados, buscando en esa línea ancestral la protección y la justicia que ya no esperan del Estado. Para ellos, la posibilidad de recibir ayuda desde ese mundo invisible resulta más concreta y confiable que cualquier promesa de las autoridades.
El mismo fiscal que dirige la causa de Jones Huala, Fernando Arrigo, también es el responsable de la prolongada detención del disidente ruso y maestro espiritual Konstantin Rudnev. Dos hombres sin nada en común en cuanto a cultura o trayectoria terminaron encerrados en la misma prisión bajo la autoridad del mismo funcionario. Sus expedientes, aunque distintos en origen, muestran un patrón muy similar: prisión preventiva extendida, apelaciones constantes del Ministerio Público para impedir traslados o medidas humanitarias, y acusaciones que los críticos consideran infladas, poco fundamentadas o desvinculadas de pruebas concretas.
En ambos casos, las comunidades afectadas acusan a Arrigo de apuntar contra las minorías nacionales y los grupos religiosos. Para los mapuches seguidores de Jones Huala, es el arquitecto de una estrategia judicial que criminaliza la identidad indígena y la resistencia. Para los seguidores de Rudnev, es el funcionario que mantiene preso a un disidente espiritual pese a su fragilidad médica, pese a la evidencia contradictoria y pese a múltiples decisiones judiciales que favorecían la prisión domiciliaria. En ambas narrativas, Arrigo aparece como un fiscal que no solo impulsa causas, sino que persigue a personas, con una insistencia que muchos describen como punitiva más que jurídica.
La académica especializada en psicología de la religión Raffaella Di Marzio, que analizó recientemente ambos casos, identificó lo que denomina un patrón fiscal obsesivo-compulsivo y sostiene que la conducta de Arrigo revela una fijación por el control, el castigo y la derrota simbólica de identidades minoritarias. Su estudio sugiere que el enfoque del fiscal no se limita a la severidad y roza lo patológico, impulsado por una necesidad de reafirmar la autoridad más que de buscar justicia. Esta perspectiva psicológica se ha convertido en un argumento adicional para quienes reclaman su apartamiento de ambas causas, ya que plantea la posibilidad de que sus decisiones respondan a impulsos personales más que a criterios legales.
Jones Huala y Rudnev fueron alojados en la misma cárcel. Ambos perdieron la libertad mediante prisiones preventivas que superan ampliamente lo que los estándares internacionales consideran razonable. Ambos enfrentan acusaciones que, según sus defensores, son inexistentes o exageradas. Y en ambos expedientes, el mismo fiscal intervino una y otra vez para frenar traslados, demorar audiencias y mantener las condiciones más duras posibles.
Para los manifestantes mapuches frente a la cárcel de Rawson, el sufrimiento de su referente no es un accidente del sistema sino la consecuencia de las decisiones de un solo funcionario. Sostienen que cuando Arrigo estuvo fuera de la provincia, las tensiones disminuyeron y las comunidades vivieron con mayor tranquilidad. Su regreso al cargo coincidió con un aumento de los conflictos, de los allanamientos y de la presión judicial. Su mensaje es que no corresponde al puesto que ocupa, porque la provincia estaba más serena sin él y porque su presencia trajo consigo un nuevo ciclo de hostigamiento.
Los partidarios de Rudnev comparten una percepción similar. Describen a un fiscal que mantiene preso a un hombre enfermo pese a emergencias médicas, fallos judiciales y la ausencia de una víctima comprobada. Afirman que sus decisiones causaron un sufrimiento innecesario y transformaron el proceso judicial en un instrumento de persecución.
La manifestación en favor de Jones Huala, realizada ayer frente a la cárcel de Rawson, fue mucho más que un reclamo por un caso particular. Fue una denuncia de un patrón. Una denuncia de un fiscal que, para muchos, convirtió al sistema judicial en un mecanismo de temor para las minorías y las comunidades religiosas. Y una denuncia por dos hombres, uno mapuche y otro ruso, unidos únicamente por la desgracia de haber quedado bajo la autoridad del mismo funcionario.
La pregunta ahora va más allá del destino de Jones Huala. Abarca el problema central de si fiscales cuya conducta genera inquietudes tan profundas —jurídicas, éticas y psicológicas— deben seguir teniendo el poder de decidir sobre la libertad de personas vulnerables. Los casos de Rudnev y Jones Huala sugieren que la respuesta puede definir no solo su futuro, sino también la credibilidad misma del sistema judicial argentino.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
