“Trata de personas + secta” no funciona como una categoría descriptiva, sino como una señal peligrosa de contaminación.
Por María Vardé
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Hay palabras que, una vez pronunciadas, ya no describen: condenan. En el campo penal contemporáneo, pocas tienen el poder performativo de “trata”. En cuanto esa etiqueta entra en escena, la imaginación pública no espera la prueba: completa el cuadro sola. Y si a “trata” se le agrega la palabra “secta”, la operación es todavía más rápida: se activa un guion cultural prefabricado —captación, control mental, sometimiento— que transforma prácticas ordinarias en señales ominosas. Lo que sigue rara vez es una conversación sobre hechos; es una disputa por el marco moral desde el cual esos hechos serán leídos.
Esta serie observó a través de distintos expedientes cómo se produce esa arquitectura de sospecha: primero, un “fantasma” explicativo que desplaza la evidencia empírica; luego, un concepto de “vulnerabilidad” tan expandido que empieza a absorberlo todo: mujeres, extranjeros, gente de bajos recursos o que atraviesen dificultades familiares, etc. En ese esquema, la diferencia religiosa funciona como acelerador: lo que en otros contextos se interpretaría como elección, disciplina, pertenencia o búsqueda, aquí se recodifica como delito. Y cuando los sistemas judiciales y mediáticos se retroalimentan, la imputación deja de ser una hipótesis a probar y pasa a operar como sentencia social anticipada.
El caso Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) fue espectacularizado desde el momento cero: la prensa nacional ya estaba ubicada frente a la sede cuando la policía comenzó los allanamientos y transmitió el traslado de todos los imputados detenidos la noche del 12 de agosto de 2022. Poco después, y durante algunos meses, se “filtraron” a los medios fotos, nombres y apellidos de los involucrados con el rótulo de “la secta del horror”.
Sobre la Iglesia Tabernáculo Internacional el diario argentino “Clarín” dijo: “‘Es el propósito de Dios’, les decían a sus víctimas. Bajo esa excusa, los reclutadores de una secta religiosa —desbaratada en las últimas horas por Gendarmería Nacional— captaban a adolescentes de entre 17 y 18 años para explotarlos laboralmente en un campo de la provincia de Entre Ríos.” Los acusados fueron absueltos.
En el caso Cómo Vivir por Fe, el encuadre mediático circuló con fuerza y, una vez más, la etiqueta de “secta del horror” tuvo vida propia, pese a que el caso finalmente terminaría siendo archivado.
Continuando la tradición de titulares, a Konstantin Rudnev también lo etiquetaron como el líder de una “secta del horror”. El 31 de marzo de 2025 —tres días después de su detención— un titular del diario “Infobae” decía: “Una secta de Montenegro, mujeres desnutridas y sin pelo y el terror de una víctima: la trama del caso de trata descubierto en Bariloche”. En esos días, los rostros de Rudnev y de varias de las mujeres que también habían sido detenidas en esa fecha circularon ampliamente en los medios. El 8 de abril de 2025, el diario “Página 12” publicó: “Secta rusa en Bariloche: excarcelaron a 20 detenidos, menos a Konstantin Rudnev, el líder de la organización criminal”.
¿Qué agrega la escena mediática a la arquitectura de la sospecha? Agrega velocidad y amplificación. Una imputación que en un escrito puede formularse como hipótesis, en el diario se vuelve historia cerrada. Y siempre existe el riesgo adicional de que un juez, tal vez sin advertirlo, se deje llevar por ese relato: en la entrega anterior se citó parte de un fallo que repetía al pie de la letra, al inicio de la investigación, el discurso popular sobre “este tipo de organizaciones” cuando dictó la prisión preventiva de Rudnev.
La espectacularización cumple, además, una función específica: vuelve plausible lo inverosímil. Si el relato público ya instaló la idea de una “organización criminal trasnacional” con “control absoluto”, entonces cualquier detalle cotidiano puede presentarse como indicio.
A partir de ese momento, se produce un castigo anticipado en varias capas. La primera es simbólica y social: ruptura de vínculos, pérdidas de trabajo, estigma, miedo, aislamiento. En la esfera pública, “trata+secta” no funciona como categoría descriptiva sino como señal de contaminación. No se pregunta “¿qué ocurrió?” sino “¿cómo pudieron?”. Y esa pregunta, en realidad, ya contiene su respuesta.
La segunda capa es material: la vida cotidiana que se altera profundamente aun si un tribunal, tiempo después, concluye que no hubo delito.
Hasta aquí, podría parecer que el problema es la etiqueta “secta”. El problema es esa etiqueta combinada con un delito de extrema gravedad. La trata habilita penas muy altas, lógicas excepcionales y un régimen de sospecha que se justifica por el horror. Allí, el rótulo “secta” agrega un plus funcional: sostiene la idea de que los imputados pueden influir sobre presuntas víctimas incluso a distancia; que la palabra de quien niega ser víctima no vale porque estaría “capturada”; que la defensa es parte del control; que cualquier contradicción confirma el daño invisible. El resultado termina siendo en muchos casos prisiones preventivas prolongadas (recordemos que el pastor Roberto Tagliabué estuvo más de tres años detenido) con los consecuentes daños a la salud y a la reputación.
En una nota reciente se documentó el caso de Carlos Barragán —uno de los imputados en la causa BAYS, afectado con una enfermedad crónica que requería tratamiento sostenido—, cuya detención derivó en un deterioro severo y una operación a corazón abierto. Al igual que con Tagliabué, finalmente las pruebas estaban a favor de su inocencia, y fue sobreseído. Pero el daño ya era irreversible.
Konstantin Rudnev, aún en prisión preventiva, presenta un cuadro de salud muy delicado y una pérdida de peso constante y significativa (más de 50 kilos), según las referencias clínicas incorporadas al expediente. La solicitud de detención domiciliaria ya fue rechazada dos veces sobre la base de que él podría influir sobre la víctima. Lo que no se evalúa es que ella está en Rusia y que, desde hace 10 meses, está realizando declaraciones y denuncias contra los fiscales y otros operadores judiciales por abuso de autoridad, insistiendo en que nunca conoció a Rudnev ni fue su víctima. Incluso creó un blog para difundir su historia y pedir justicia, en sus propias palabras.
Los expedientes muestran fricciones que deberían detener la maquinaria, no acelerarla. Aquí aparece un punto que excede lo anecdótico y toca el corazón del problema: ¿qué hace el sistema cuando la “víctima” no se reconoce como tal? Lo que observamos es que, en estas causas, la respuesta suele ser reemplazar su voz por una teoría: si niega, es porque no puede ver su propia situación.
En otras palabras: la negación se vuelve prueba. El círculo retórico se cierra. Más allá de lo que se piense sobre el conflicto procesal, lo relevante para este artículo es el contraste: el discurso cautelar insiste en proteger a alguien que explícitamente rechaza ese libreto.
La sociología ha mostrado durante décadas que el “castigo” no vive solo en la sentencia, sino en el proceso mismo: gastos, desgaste, reputación, familia, salud. Y hay estudios contemporáneos que agregan un dato inquietante: tras meses o años de privación de libertad, la persona imputada puede verse inducida a declararse culpable a cambio de abreviar el encierro. A esto se suma que, como vimos en la última entrega, tantos actos cotidianos pueden ser encuadrados como trata que el Ministerio Público suele sostener que algunos imputados pueden ser considerados víctimas. Tal formulación deja abierta para éstos una salida adicional: adoptar una narrativa de victimización y alinearse con la hipótesis fiscal para recuperar la libertad. En todos estos escenarios, el riesgo es que el conflicto no se resuelva ajustándose a los hechos, sino para reducir el daño inmediato.
Esa constatación no prueba nada por sí misma sobre un caso particular. Pero sí ilumina un riesgo estructural: cuando se combina prisión preventiva con escarnio público y estigma moral (“trata+secta”), el sistema crea un entorno donde resistir se vuelve cada día más costoso, y donde aceptar un acuerdo o acomodarse al relato dominante puede aparecer, para algunos detenidos, como la única forma de detener el daño inmediato sobre sus cuerpos.
El cierre de esta serie lleva a una reflexión bastante incómoda: si, para sostener la imputación, hay que convertir en indicios criminales prácticas cotidianas y reemplazar la voz de la supuesta víctima por teorías incomprobables que la desautorizan, entonces el riesgo de fabricación es real. No una fabricación como conspiración novelesca, sino como producción burocrática: una cadena de inferencias que se refuerzan entre sí hasta que el expediente cuenta una historia cerrada, inmune a los hechos que la contradicen.
Y aquí aparece el golpe final, el que debería importarle incluso a quienes no simpatizarían con un acusado ni con un grupo minoritario: la elasticidad del encuadre. Si “trata” puede absorber traducciones en un hospital, compartir bienes, vida comunitaria, asistencia social, disciplina religiosa, rehabilitación, vivir cerca del grupo o ayudar en una mudanza, entonces el problema ya no es un caso. Es un precedente cultural: cualquier comunidad puede ser reescrita como criminal.
Cerrar esta serie no significa pedir impunidad ni minimizar delitos reales. Al contrario: significa defender la gravedad de la trata evitando que se la banalice por expansión. Significa recordar que un sistema que necesita “fantasmas” para sostener hipótesis termina perdiendo su brújula probatoria. Y significa insistir en una idea simple, casi antigua, pero hoy radical: cuando la prensa y la justicia se enamoran del mismo guion, la verdad deja de invitar a la pregunta, y la libertad deja de ser un derecho para convertirse en un premio que llega —si llega— demasiado tarde.
Maria Vardé graduated in Anthropological Sciences at the University of Buenos Aires and is currently a researcher at the Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Institute of Anthropological Sciences, Faculty of Philosophy and Humanities, University of Buenos Aires). She has written and lectured on archeology, spirituality, and freedom of religion or belief.
