El fiscal Hou en Taiwán y los fiscales de PROTEX en Argentina son ejemplos notables de cómo se hace un mal uso de las leyes para perseguir a grupos espirituales.
por María Vardé*
*Ponencia presentada en el seminario web “Tai Ji Men: No más víctimas” (“Tai Ji Men: Victims No More”), coorganizado por CESNUR y Derechos Humanos Sin Fronteras el 22 de agosto de 2023, Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión y las creencias.
El 22 de agosto de 2023 es el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias.
Los actos de violencia basados en la religión o las creencias suelen proceder de individuos y grupos radicales, como los movimientos antisectas y los sectores extremistas de la sociedad. Cuando la violencia es perpetrada y gestionada por instituciones estatales, hablamos de violencia institucional. Esto sucede frecuentemente en países autoritarios, donde los grupos religiosos y espirituales son considerados abiertamente una amenaza para el orden político y social por motivos ideológicos. En estos casos, la violencia suele consistir en ataques físicos directos.
La violencia institucional contra comunidades pacíficas de fe y de creencias está en contradicción con los principios democráticos y los derechos humanos. Numerosos casos de las últimas décadas demuestran que, en los países democráticos, que adhieren en principio a los derechos humanos, la violencia puede existir de forma encubierta a través de procedimientos legales y administrativos. Aunque pueda parecer un tipo de violencia “moderada”, este tipo de actos suelen desembocar en graves daños físicos por detenciones ilegales, interrogatorios irregulares y represión violenta. Como esto se hace bajo la bandera de la ley, a menudo permanece invisible. Para preservar la democracia, es importante denunciar y hacer visibles estos fenómenos invisibles.
Las acusaciones de evasión fiscal y fraude del fiscal Hou Kuan-Jen contra Tai Ji Men en 1996 son un claro ejemplo de cómo las leyes pueden utilizarse de forma desviada para perseguir a las minorías. Las acciones ilegales del fiscal Hou, como inducir a funcionarios estatales a mentir, utilizar testigos falsos y fabricar pruebas, entre otras, son actos de violencia administrativa. Los interrogatorios irregulares y la detención del Shifu (Gran Maestro) de Tai Ji Men, su esposa y dos Dizi (discípulos) sin pruebas de que hubieran cometido delito alguno, manteniéndolos en condiciones miserables, son actos de violencia física. El hecho de que estas acciones sigan impunes es una prueba ineludible de que la violencia institucional sigue vigente en Taiwán, amenazando su condición de país democrático y justo.
Otros ejemplos de violencia institucional basada en la religión y las creencias proceden de Argentina. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) acusa a grupos religiosos y espirituales de explotación laboral y sexual mediante “persuasión coercitiva” (también conocida como lavado de cerebro). Según la ley argentina contra la trata de personas, la coerción física y la violencia no son elementos necesarios para el delito. Por lo tanto, cualquier actividad de voluntariado y donación puede considerarse explotación. Si las presuntas víctimas de este delito niegan rotundamente haber sido obligadas a hacer nada o explotadas, e incluso cuando las pruebas psicológicas forenses demuestran que son mentalmente capaces y tienen un uso total de su libre albedrío, la PROTEX argumenta que no se dan cuenta de su situación de explotación porque les han lavado el cerebro. Se ha demostrado que estos fiscales también utilizaron testigos falsos, como en el caso contra los Jesus Christians, y fabricaron pruebas tergiversando hechos y testimonios. Sin embargo, al igual que el fiscal Hou, los fiscales de PROTEX no sólo no son castigados, sino que obtienen cada vez más reconocimiento.
Ahora bien, como señaló la Dra. Karolina Kotkowska en uno de nuestros seminarios web anteriores, la violencia también puede adoptar la forma de agresión verbal y difamación mediática. El Shifu y los dizi de Tai Ji Men también fueron víctimas de este tipo de violencia cuando el fiscal Hou difundió información falsa sobre ellos en los medios de comunicación, acusándolos de criar duendes y evadir impuestos por cifras millonarias inexistentes. La campaña mediática fue tal que mucha gente llegó a discriminarlos, creyéndolos delincuentes, y varios Dizi tuvieron incluso problemas con sus familias. En definitiva, el propósito del fiscal era poner a la población en contra de los Tai Ji Men y justificar su persecución.
En Argentina, los fiscales de PROTEX están haciendo lo mismo. Difunden información falsa sobre las causas que inician contra grupos religiosos y espirituales e insisten en que las minorías religiosas, denominadas “sectas”, manipulan a sus seguidores y anulan su personalidad para explotarlos –e incluso traficar con sus órganos. Hasta tal punto están vinculando el tema de la trata de personas con pequeños grupos religiosos que el pasado 1 de agosto se celebró en el Senado de la Nación Argentina un seminario titulado “Sectas y Trata de Personas”, a pesar de que el término “secta” es considerado discriminatorio por el propio Estado. El hecho de que el evento haya sido organizado por un senador y publicitado en la página oficial del Senado es alarmante.
Al crear imágenes negativas de las minorías religiosas para manipular a la opinión pública, la difamación produce múltiples resultados: legitima la persecución de los grupos difamados, ya que la imagen negativa generalmente se relaciona con rasgos de comportamientos criminales y peligrosos; crea pánicos morales que llevan a la gente a exigir leyes más duras para combatir el mal; y estigmatiza a los seguidores del grupo. La estigmatización, en sus formas más graves, puede producir la segregación de las minorías y la banalización de la violencia contra ellas, socavando la dignidad humana.
Como se desprende de muchos de los testimonios aportados por los Dizi de Tai Ji Men, a pesar de todo su coraje y fortaleza, estos procesos generan incertidumbre en quienes los sufren, porque no hay un reconocimiento de su situación por parte del Estado; y miedo, porque el despliegue de injusticias arbitrarias puede repetirse en cualquier momento. En un contexto de violencia institucional, el abuso de autoridad por parte de funcionarios estatales también ejerce violencia psicológica sobre sus víctimas. Esto mismo es visible en los casos argentinos, en los que las presuntas víctimas de explotación por parte de grupos religiosos exigen dejar de ser etiquetadas como tales, exigen ser escuchadas en los tribunales y que se les permita realizar una defensa frente a los alegatos, sin obtener respuesta alguna por parte de los funcionarios estatales. Esta negación de la autonomía personal a personas adultas y psicológicamente sanas es otra forma de violencia institucional.
A pesar de todo, el fiscal Hou siguió siendo ascendido y nunca se le hizo responsable de sus actos. Del mismo modo, la PROTEX es celebrada como una institución que defiende los derechos humanos. Este tipo de ironías son habituales cuando se permite a jueces y fiscales violar la ley en países democráticos. La religión y las creencias son partes fundamentales de la identidad de las personas, y la libertad a este respecto debe ser defendida. Los académicos y activistas por los derechos humanos universales tenemos la tarea de hacer visibles estos fenómenos y dar visibilidad y agencia a las víctimas de la violencia institucional. Cuando la justicia deja de buscar la verdad, la democracia corre un grave peligro.
