El “lavado de cerebro” regresa a través de las leyes contra la trata: una nueva amenaza para la libertad religiosa

Cómo el resurgimiento de desacreditadas teorías de coerción psicológica dentro de los marcos jurídicos sobre la trata pone en peligro a todas las comunidades religiosas y espirituales: un llamado a la acción

por Massimo Introvigne

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Durante gran parte del siglo XX, las religiones impopulares fueron atacadas mediante teorías del “lavado de cerebro” que sostenían que los creyentes habían sido privados de su libre albedrío por misteriosas fuerzas psicológicas. Con el tiempo, los tribunales rechazaron estos modelos por considerarlos acientíficos; sin embargo, moldearon décadas de discriminación contra los grupos etiquetados como “sectas” y contra las comunidades que determinados intereses poderosos buscaban marginar.

El patrón histórico está bien documentado. Los autores romanos acusaron de hechicería a los primeros cristianos; los funcionarios de la China imperial utilizaron acusaciones similares contra las sectas no autorizadas. Los polemistas medievales reciclaron la acusación contra movimientos a los que calificaban de heréticos. Los críticos decimonónicos de los Santos de los Últimos Días insistían en que ninguna persona racional podía abrazar el “mormonismo” a menos que hubiera caído bajo una influencia mesmérica. La ideología antisectas moderna sustituyó el vocabulario de la magia por el lenguaje de la psicología, pero la lógica subyacente permaneció intacta.

Estas teorías ingresaron en el discurso público a través de relatos sensacionalistas, y no de pruebas empíricas, y posteriormente los académicos reconocieron su carácter especulativo y político. Los tribunales de diversas jurisdicciones democráticas llegaron a conclusiones similares. En la década den 1990, un tribunal federal estadounidense sostuvo, en el caso Fishman, que las teorías sobre la persuasión coercitiva presuntamente ejercida por organizaciones religiosas y espirituales no estaban suficientemente establecidas como para ser admitidas como prueba. En 2010, en un caso que enfrentó a los Testigos de Jehová con Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos observó que no existía una definición científica generalmente aceptada del control mental y que las conductas citadas con frecuencia como prueba de coerción eran comunes a numerosas tradiciones religiosas. Estos precedentes reflejaban un amplio consenso: las acusaciones de sometimiento psicológico en contextos religiosos son demasiado vagas y pueden ser instrumentalizadas con demasiada facilidad, además de permitir que las autoridades sustituyan las experiencias vividas por los creyentes por sus propios juicios de valor.

A comienzos de la década de 2000, muchos creían que las teorías del “lavado de cerebro” habían quedado relegadas a los márgenes de la práctica jurídica. Sobrevivían en los medios de comunicación, donde desprogramadores como Steven Hassan promovían versiones simplificadas de los antiguos modelos desacreditados, pero ya no determinaban los resultados judiciales. Francia seguía siendo la única excepción, al conservar el concepto bajo nuevas denominaciones en su legislación antisectas de 2001 y ampliarlo aún más en 2024 mediante la criminalización del sometimiento psicológico.

La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional —USCIRF, por sus siglas en inglés— criticó reiteradamente la influencia, en países como Rusia y Francia, de un “movimiento antisectas basado en conceptos pseudocientíficos como el ‘lavado de cerebro’ y el ‘control mental’” (informe de 2020, “El movimiento antisectas y la regulación religiosa en Rusia y la antigua Unión Soviética”), sumando así su voz autorizada a un consenso académico y jurídico internacional.

Sin embargo, la historia rara vez avanza en línea recta. Lo que había sido expulsado por la puerta principal comenzó a reaparecer por las ventanas. Este retorno no adoptó la forma de una rehabilitación directa del “lavado de cerebro”. Se produjo mediante la infiltración de su retórica en la interpretación de las leyes sobre trata de personas. La legislación contra la trata posee una enorme autoridad moral, y ser acusado de trata equivale a ser situado entre los criminales más graves. Los críticos de los grupos religiosos nuevos y conservadores advirtieron que los marcos jurídicos sobre la trata ofrecían un nuevo terreno prometedor. Podían resucitar las teorías del “lavado de cerebro” empleando términos como “coerción psicológica”, grooming, “trabajo esclavo coercitivo” o “manipulación”: expresiones que suenan modernas y clínicas, pero que, cuando se aplican a movimientos espirituales, funcionan de manera idéntica a los antiguos modelos pseudocientíficos.

Argentina se convirtió en el primer gran campo de experimentación de esta estrategia. Su legislación contra la trata, adoptada en un clima de pánico moral en torno al crimen organizado, incluyó una de las definiciones de “trata” más amplias del mundo. Esta vaguedad conceptual favoreció categorías expansivas de vulnerabilidad y victimización, dentro de las cuales las personas podían ser clasificadas como víctimas incluso cuando negaban haber sufrido algún daño. A partir de 2018, la procuraduría especializada en trata de personas, PROTEX, estableció vínculos con activistas antisectas nacionales e internacionales y comenzó a procesar a grupos estigmatizados como “sectas” mediante teorías sobre la trata impregnadas de la retórica del lavado de cerebro. Posteriormente, amplió su actuación a iglesias tradicionales. El trabajo voluntario dentro de comunidades religiosas fue reinterpretado como trabajo forzoso obtenido mediante coerción psicológica. Cuando los miembros negaban ser víctimas, esa negativa se consideraba una prueba de que habían sido manipulados. Grupos como el nuevo movimiento religioso cristiano Cómo Vivir por Fe, la iglesia del pastor Roberto Tagliabué y la Iglesia Tabernáculo Internacional afrontaron procesos que los tribunales rechazaron porque las presuntas víctimas se habían incorporado voluntariamente y no se consideraban explotadas. Sin embargo, se permitió que otros casos siguieran adelante, y varios continúan pendientes. Los mismos fiscales también han actuado contra el Opus Dei y contra grandes organizaciones benéficas evangélicas, a las que acusaron de trabajo esclavo mediante teorías sobre la trata que dependen en gran medida de narrativas de coerción psicológica.

Estados Unidos ha experimentado una deriva conceptual similar. En 1988, en el caso United States v. Kozminski, la Corte Suprema sostuvo que la servidumbre involuntaria requería coerción física o jurídica y advirtió que ampliar la aplicación de la ley exclusivamente a la coerción psicológica criminalizaría relaciones religiosas, sociales y económicas ordinarias. En el año 2000, el Congreso modificó la legislación mediante la Ley de Protección de las Víctimas de Trata, incorporando los medios psicológicos como fundamento para las acusaciones de trabajo forzoso. Sin embargo, los antecedentes legislativos muestran que el Congreso pretendía perseguir amenazas específicas, como la violencia, la deportación o las acciones legales, en el contexto del crimen organizado que explotaba a migrantes y trabajadores sexuales. En 2021, la versión actualizada del “Plan Nacional de Acción para Combatir la Trata de Personas” de la administración Biden afirmó que el trabajo forzoso “suele producirse junto con actividades que, por lo demás, son legítimas” y vinculadas a organizaciones “ampliamente percibidas por el público como respetables”. De este modo, eliminaba expresamente la respetabilidad institucional como protección frente al procesamiento, un cambio que tuvo consecuencias de gran alcance durante los años posteriores.

Los activistas aprovecharon esta ambigüedad y comenzaron a presentar la trata como una nueva perspectiva desde la cual observar a las religiones minoritarias. La influencia de Steven Hassan se expandió a través de los programas federales de capacitación contra la trata, y su modelo, conocido como BITE y ampliamente considerado por los estudiosos de la religión como un compendio pseudocientífico de psicología popular basado en las antiguas teorías del “lavado de cerebro”, comenzó a utilizarse cada vez más para identificar a presuntas “sectas” implicadas en el control mental y la trata. En los últimos años, Hassan ha extendido este modelo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días e incluso a organizaciones no religiosas, entre ellas grupos políticos conservadores que apoyan al presidente Trump.

Ya en noviembre de 2015, el FBI Law Enforcement Bulletin había publicado un artículo que promovía “Un enfoque centrado en la víctima para los casos de trata sexual”, en el que se incorporaba expresamente el modelo BITE de Hassan como marco recomendado para identificar los mecanismos mediante los cuales los tratantes mantienen el control psicológico sobre las víctimas. Hassan participó en varios eventos junto con altos funcionarios del Departamento de Justicia encargados de la lucha contra la trata.

Para 2023, ese marco había migrado lentamente desde la literatura de capacitación del FBI hacia su utilización operativa y estaba siendo dirigido contra organizaciones religiosas, como había sucedido anteriormente en Argentina —algo que también se debió a los contactos entre agencias y fiscales argentinos y estadounidenses—. Paul Chang, coordinador regional contra la trata de personas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, quien contribuye a supervisar la capacitación nacional sobre procesos judiciales por trata, explicó su aplicación en un pódcast federal de capacitación de abril de 2023: “Normalmente, la gente no piensa que, si usted está siendo víctima de trata dentro de una organización religiosa, en muchos casos puede estar siendo víctima de trata laboral. Pero esto, en realidad, no es algo excepcional y sucede con más frecuencia de lo que se cree… La mejor manera de explicarlo es a través del modelo BITE”.

La penetración de esta nueva ideología sobre la trata aplicada a la religión y la espiritualidad dentro de las fuerzas de seguridad estadounidenses queda ilustrada también por un informe publicado en 2023 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que afirmaba que “entre las tendencias más destacadas de la trata laboral de los últimos años se encuentra el trabajo forzoso perpetrado por organizaciones religiosas”. El informe mencionaba como ejemplos a la Iglesia de la Cienciología, al gran grupo hindú BAPS y a varios grupos cristianos, aunque posteriormente el Departamento de Justicia cerró el caso contra BAPS que él mismo había iniciado. Esta convergencia entre la ideología del “lavado de cerebro” y la aplicación de las leyes contra la trata representó un cambio institucional significativo.

Actualmente existen varios casos pendientes en Estados Unidos. Una demanda presentada en 2025 contra la Comunidad de Jesús, en Massachusetts, alega la existencia de trata sobre la base del trabajo voluntario. El litigio civil contra BAPS continúa, a pesar del cierre de la investigación federal. Activistas antisectas han declarado abiertamente que esperan que estos casos generen precedentes que puedan utilizarse contra otras comunidades religiosas. El caso OneTaste se ha convertido en un foco central de preocupación. Algunos de los cursos de OneTaste enseñaban formas de potenciar la conciencia de lo femenino y la conciencia sexual de las mujeres mediante técnicas tanto meditativas como físicas. Incluso quienes discrepan de la filosofía inherente a esos cursos deberían preocuparse por la utilización, durante el juicio, de la retórica del “lavado de cerebro” para sustentar una condena por conspiración para imponer trabajo forzoso.

Los investigadores federales llevaron adelante una extensa investigación sobre presuntas conductas sexuales inapropiadas, pero no pudieron sustentarlas. Durante la etapa de imposición de la pena, los fiscales intentaron introducir nuevamente las acusaciones de conducta sexual inapropiada, pero el tribunal rechazó ese intento debido a la insuficiencia de las pruebas. Las acusadas recibieron condenas por infracciones laborales, y no por delitos sexuales. Esta distinción es importante, porque una estrategia fiscal bien establecida para impulsar teorías jurídicas novedosas y peligrosas consiste en seleccionar acusados cuyos casos tengan algún tipo de relación con el sexo, garantizando así que el precedente pase inadvertido al escrutinio público. OneTaste se ajustaba a ese modelo. Sin embargo, el precedente se aplica ahora a todos.

La decisión de primera instancia provocó alarma dentro de la comunidad jurídica, porque representó la primera ocasión en la jurisprudencia federal estadounidense en que una condena por trabajo forzoso se basó íntegramente en teorías de coerción psicológica, sin que existiera coerción física. Hassan actuó como terapeuta personal de testigos clave del gobierno y apareció reiteradamente en la campaña mediática que rodeó el caso. Muchos observadores consideran que, mediante el caso OneTaste, obtuvo el nuevo precedente jurídico que llevaba mucho tiempo buscando.

El retorno de las teorías del “lavado de cerebro” no se ha producido mediante un ataque frontal. Se ha desarrollado a través de la deriva conceptual, la ambigüedad jurídica y el cambio de denominación de ideas desacreditadas mediante una nueva terminología. La legislación contra la trata se ha convertido en el vehículo preferido para esta transformación, porque posee un enorme peso moral y su lenguaje es lo suficientemente flexible como para incorporar narrativas de coerción psicológica. El peligro para la libertad religiosa es inmediato y estructural. Una vez que la coerción psicológica se acepta como fundamento para los procesos por trata, cualquier comunidad religiosa o espiritual puede ser objeto de persecución. El contenido de las enseñanzas de un grupo pasa a ser secundario. Lo que importa es el modelo utilizado para interpretar esas enseñanzas. Si los fiscales o los activistas pueden sostener que el compromiso intenso, el trabajo voluntario o la deferencia hacia los líderes constituyen pruebas de manipulación psicológica, entonces todas las religiones quedan expuestas. Los grupos atacados hoy pueden resultar desconocidos o controvertidos. Los grupos atacados mañana pueden pertenecer a las corrientes religiosas mayoritarias.

Este es el momento de actuar. El resurgimiento de las teorías del “lavado de cerebro” a través de los marcos jurídicos sobre la trata amenaza los fundamentos de la libertad de religión o de creencia. Exige un monitoreo coordinado, acciones de defensa jurídica y educación pública. Requiere trabajar con legisladores y organismos internacionales para garantizar que las leyes contra la trata permanezcan ancladas en formas concretas de coerción, y no en modelos psicológicos especulativos. Reclama la formación de alianzas entre distintas tradiciones religiosas, porque todas comparten el mismo peligro. La trayectoria ya puede observarse en Argentina, en Estados Unidos y en la creciente influencia de activistas dentro de las instituciones que determinan las políticas globales sobre la trata. El momento de responder es ahora.

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