El caso del maestro espiritual ruso no es un hecho aislado. Refleja un mecanismo sistémico mediante el cual las políticas antitrata incorporan narrativas antisectas.
por María Vardé
En Argentina, las intervenciones contra la trata se presentan públicamente como esfuerzos humanitarios; sin embargo, para quienes son etiquetadas como “víctimas”, la experiencia de “protección” con frecuencia se asemeja a una detención, caracterizada por aislamiento, vigilancia y una intensa presión para adoptar un guion predefinido de daño. El caso Rudnev funciona como un testimonio contundente de esta paradoja institucional.
Las autoridades argentinas arrestaron a Konstantin Rudnev —conocido internacionalmente por acusaciones previas en Rusia— e iniciaron una causa penal enmarcada en la trata y la explotación dentro de una presunta “secta”. Tras el arresto, varias mujeres rusas supuestamente vinculadas a su escuela espiritual fueron detenidas. Entre ellas estaba “E.”, una mujer que había pasado recientemente por una cesárea y estaba al cuidado de un recién nacido. Aunque fue tratada como una presunta víctima, su reconstrucción de los hechos describe una forma intrusiva de custodia justificada mediante el lenguaje del rescate.
Según recordó en una entrevista, la odisea de E. comenzó en el hospital Ramón Carrillo, en Bariloche, adonde había ido a dar a luz acompañada por una amiga y una intérprete, ya que no hablaba ni español ni inglés. Después de la cirugía, la dejaron sola con su bebé; su intérprete y su amiga fueron apartadas, y su teléfono “desapareció”. En un estado físico crítico que incluía pérdida de sangre y desmayos, se encontró rodeada de policías que no podían comunicarse en ruso y no le brindaron una traducción adecuada. Con miedo, logró llamar a su madre en plena noche para compartir grabaciones de conversaciones con las autoridades. Sin embargo, los intentos de su madre por sustituir al defensor público por un abogado privado encontraron resistencia; durante un mes entero, a E. se le negó el contacto con cualquier abogado que no fuera el impuesto por el Estado. Según su testimonio, el defensor asignado incluso la amenazó, afirmando que, si mantenía contacto con su madre, “detendrían a su madre como una criminal”. A E. le costaba comprender de qué se suponía que era víctima, y sostenía que ni siquiera conocía a su supuesto tratante.
La situación se agravó cuando fue trasladada a un “hogar para víctimas de trata” en Buenos Aires, donde vivió bajo un régimen de encierro y opacidad. No se le permitía salir ni siquiera conocer la dirección del refugio, que describió como un lugar con mucha humedad, sin agua corriente y con higiene precaria. Cuando se quejó por hambre, frío y por la imposibilidad de bañarse, la trasladaron a un segundo refugio, donde el personal desconocía su historia y la comunicación con su madre era tratada como un “privilegio” limitado a unos minutos. Cuando intentó usar Google Maps para identificar su ubicación y comunicársela a su familia, le suspendieron el derecho a comunicarse durante dos días. A lo largo de meses de dolor abdominal y confinamiento, su propio testimonio —que no encajaba con la etiqueta oficial de “víctima”— fue sistemáticamente neutralizado en nombre de su propia protección. Una vez que logró contactar al abogado que su madre había contratado en Argentina para conseguir su liberación, los fiscales intentaron presionarlo para que abandonara su defensa.
Este patrón de “victimización forzada” se extendió a otras mujeres en el caso Rudnev, quienes describen haber sido detenidas violentamente sin orden judicial ni intérprete que les informara los cargos. Relatan la insistencia agresiva de funcionarios estatales para que “admitieran” que eran víctimas e implicaran a personas que no conocían. Algunas incluso fueron presionadas para firmar formularios en blanco o documentos en idiomas que no entendían. Durante las audiencias en línea, las dos únicas mujeres que entendían español fueron silenciadas cuando intentaron traducir y cuando buscaron declarar que las traducciones de los fiscales estaban distorsionadas.
Los relatos de los grupos detenidos en Buenos Aires y Bariloche describen un trato notablemente similar. Recluidas en celdas frías sin colchones ni mantas, fueron obligadas durante días a permanecer sentadas o, en algunos casos, de pie, y a permanecer esposadas. Fueron tratadas como una combinación ambigua de sospechosas y víctimas, sin aclaración legal de su estatus. No se les permitió hacer llamadas a familiares ni a abogados, y no tuvieron una opción real más que aceptar al defensor público designado por el Estado. Además, informan que esos defensores públicos las instaban reiteradamente a presentarse como “víctimas” para facilitar el proceso. También indican que se les negó higiene básica y atención médica, incluso cuando tenían lesiones visibles, infecciones o un aparente malestar físico. Fueron obligadas a limpiar el piso de la comisaría con el mismo trapo de limpieza que luego debían usar para limpiar la mesa donde comían. También relataron haber sido obligadas a desnudarse y sometidas a requisas que describieron como peores que un examen ginecológico. Según sus relatos, se les permitió usar únicamente un baño sin puerta, frente a agentes varones que se burlaban de ellas, pese a que había un baño con puerta justo afuera de su celda. Algunas informan que, cuando pedían comida, los policías arrojaban trozos de pan al piso de la celda “como si alimentaran animales”.
El marco teórico detrás de estas acciones se volvió explícito en la audiencia de formulación de cargos del 3–4 de abril de 2025. Antes de que las mujeres fueran liberadas, los fiscales presentaron el caso a través del lente de una organización “coercitiva” —equivalente a “secta”— y afirmaron explícitamente que no podían descartar que algunas de las mujeres imputadas también fueran víctimas que aún no se habían reconocido como tales.
Estos hechos no son incidentes aislados, sino que reflejan un mecanismo sistémico. Investigaciones de académicas como Cecilia Varela, Estefanía Martynowskyj, Agustina Iglesias Skulj y Jessica Gutiérrez han mostrado que la “victimización forzada” es un resultado frecuente de la administración antitrata en Argentina. Fiscales federales, oficinas de rescate y equipos técnicos estatales deciden activamente qué situaciones serán tratadas como explotación y qué formas de consentimiento serán consideradas válidas, volviendo a menudo jurídicamente irrelevantes los relatos individuales. Incluso cuando las personas describen decisiones autónomas, las entrevistas de rescate tienden a reformular sus testimonios mediante lenguaje técnico como “discernimiento disminuido” o “adoctrinamiento”, silenciando de hecho el disenso.
El resultado es un acoplamiento institucional estrecho entre “rescate” y criminalización. La asistencia se convierte en un espacio donde el relato de la “víctima” es evaluado, reformateado y, si no encaja con la plantilla, invalidado. Como muestra Jessica Gutiérrez, las entrevistas institucionales funcionan simultáneamente como asistencia y como producción de evidencia. Esto pone de relieve una tensión recurrente: la “verdad” de la trata no se descubre simplemente; se ensambla mediante filtros interpretativos que privilegian ciertos guiones y desconfían de otros. Esta dinámica explica por qué, en el caso Rudnev, la afirmación “no soy una víctima” no cierra el asunto, sino que desencadena nuevas intervenciones.
En la última década, las políticas antitrata argentinas incorporaron narrativas antisectas, agregando otra capa a este mecanismo interpretativo. El supuesto central de los imaginarios antisectas es que las personas dentro de una “secta” están manipuladas, son incapaces de reconocer el daño y deben ser rescatadas incluso contra su voluntad declarada.
De manera crucial, este marco se ha incorporado acríticamente a los procedimientos legales. La vulnerabilidad se ha convertido en una presunción que reemplaza el examen individual y se ha justificado con hechos tan triviales como tener un hijo o incluso ser mujer. En la práctica, la pérdida de autonomía no aparece como el resultado de un diagnóstico clínico establecido mediante evidencia médica individualizada, sino como una afirmación interpretativa asociada al “lavado de cerebro”, pese a décadas de descrédito científico.
Una vez aceptada esta premisa, el mecanismo se vuelve autorreforzado: si una adulta acepta la etiqueta de “víctima”, su declaración se toma como confirmación; si la rechaza, ese rechazo se reclasifica como prueba de manipulación. Cualquier compromiso religioso puede así ser tratado como evidencia de que una persona no es plenamente competente para narrar su propia experiencia. Esta lógica ya ha moldeado enfoques fiscales en casos como Iglesia Tabernáculo Internacional, Pastor Tagliabué, los Jesus Christians y la causa en curso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, donde presuntas víctimas han denunciado a los fiscales por estos motivos. Lo que presenciamos es una herramienta práctica que habilita intervenciones intrusivas: el sistema afirma “proteger la voz de la víctima” mientras, al mismo tiempo, la corrige.
En última instancia, el caso Rudnev expone un riesgo institucional más amplio. El problema no es la lucha contra la trata en sí, sino un modo de gobernanza que se siente autorizado a avanzar de forma intrusiva con independencia del relato de la propia persona. Cuando la negación se trata como prueba de aquello que se niega, la línea entre rescate y castigo deja de ser una metáfora y se convierte en una realidad física de borramiento patrocinado por el Estado.
Maria Vardé graduated in Anthropological Sciences at the University of Buenos Aires and is currently a researcher at the Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Institute of Anthropological Sciences, Faculty of Philosophy and Humanities, University of Buenos Aires). She has written and lectured on archeology, spirituality, and freedom of religion or belief.
