La obstinación de un fiscal pone en riesgo la salud y la seguridad de un imputado que se recupera de una intervención quirúrgica.
Por Alessandro Amicarelli
Konstantin Rudnev se encuentra en un estado que exige la atención de toda autoridad encargada de proteger los derechos fundamentales. Tras una intervención quirúrgica y una hospitalización, debe guardar reposo absoluto en cama. Sus médicos insisten en que necesita cuidados continuos. Su esposa, Tamara, permanece junto a él en todo momento para ayudarlo con las tareas que no puede realizar por sí solo. En estas circunstancias, la posibilidad de disponer su regreso a prisión entraña consecuencias que ninguna institución responsable debería ignorar. Su salud es frágil y el riesgo para su vida es real.
A pesar de ello, la Cámara Federal de Casación Penal admitió una queja interpuesta por la fiscalía contra la resolución que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario. La fiscalía no disponía de una vía legal para interponer esa queja. La Cámara de Casación carecía de competencia para entender en la causa. El nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) lo establece con precisión. Los artículos 53, 54 y 350 delimitan el alcance de la revisión casatoria. Las decisiones dictadas por jueces con funciones de revisión durante la etapa preparatoria, incluidas las relativas a medidas de coerción, quedan fuera de la competencia de la Cámara de Casación. El Código fue concebido para evitar litigios interminables en torno a las medidas cautelares y preservar la presunción de inocencia. Se trata de una garantía estructural.
No obstante, la Cámara de Casación admitió la queja, le dio trámite y abrió una vía procesal no contemplada en el Código. Jueces que participaron en la redacción del CPPF desconocen ahora los límites que ellos mismos establecieron. Este alejamiento de la ley expone a un imputado, en delicado estado de salud, a una medida que podría poner en riesgo su vida. También debilita las garantías que el CPPF fue concebido para proteger.
El recurso interpuesto recientemente por el abogado de Rudnev describe esta situación en detalle. Explica que la Cámara de Casación declaró admisible una queja no prevista por la ley. Demuestra que la intervención de la Cámara de Casación contradice el CPPF, la jurisprudencia de la Corte Suprema y los principios que rigen las medidas de coerción. Señala que la resolución carece de la debida fundamentación y desconoce garantías constitucionales y convencionales, entre ellas el derecho a un recurso efectivo.
El derecho internacional refuerza estas preocupaciones. El artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece garantías para un juicio justo e imparcial que han sido vulneradas en este caso. El artículo 14.5 garantiza el derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por un tribunal superior. Estos principios forman parte de la protección más amplia del debido proceso. Exigen recursos accesibles y efectivos, así como decisiones judiciales que respeten los límites procesales. Argentina ha incorporado el PIDCP a su marco constitucional. Sus tribunales deben aplicarlo.
El caso Rudnev revela un problema institucional adicional. Ni siquiera el ministro de Justicia tiene la facultad de determinar qué leyes deben observarse. El fiscal Fernando Arrigo ha asumido un papel que excede las atribuciones de su cargo. Indica a los jueces cómo interpretar el Código Penal y cuándo dejarlo de lado. Esta dinámica socava la separación de poderes. Coloca la estrategia de la fiscalía por encima del texto de la ley y genera un clima en el que las garantías procesales corren el riesgo de convertirse en optativas.
El sistema judicial argentino enfrenta ahora una responsabilidad que no puede postergarse. Debe restablecer la coherencia del sistema. Debe reafirmar que la Cámara de Casación está sujeta a los límites de su propia competencia y garantizar que las medidas de coerción no sean manipuladas mediante recursos no autorizados por la ley. Debe impedir el regreso a prisión de un imputado cuyo estado de salud no puede soportar una medida semejante.
La situación de Konstantin Rudnev pone a prueba el compromiso de Argentina con la legalidad y los derechos humanos. El CPPF fue redactado para salvaguardarlo y el PIDCP lo refuerza. Ese compromiso debe reafirmarse sin demora.
Alessandro Amicarelli is a solicitor of the Senior Courts of England and Wales, and a barrister of Italy, specializing in International and Human Rights Law and Immigration and Refugee Law. He has lectured extensively on human rights, and taught courses inter alia at Carlo Bo University in Urbino, Italy, and Soochow University in Taipei, Taiwan (ROC). He is the current chairman and spokesperson of the European Federation for Freedom of Belief (FOB).
