Las campañas que atacan a las “sectas” por las conductas indebidas, reales o presuntas, de sus líderes causan sufrimiento masivo, innecesario e inocente.
por María Vardé
El primer artículo de esta serie examinó cómo las narrativas mediáticas producen una imagen totalizante de las minorías religiosas cuyos líderes o miembros destacados son acusados de delitos. El segundo mostró cómo esas imágenes pueden ingresar en procesos judiciales, argumentos fiscales y procedimientos estatales de regulación o disolución. El tercero consideró cómo la intensidad del estigma depende de la posición de cada grupo en una jerarquía de legitimidad religiosa. En este artículo final, el mismo proceso aparece en su forma más inmediata: en la vida de las personas comunes.
Algunas de estas consecuencias han sido documentadas en análisis anteriores. En el caso de La Luz del Mundo, se informó que, tras el arresto de su Apóstol, miembros no acusados fueron despedidos de sus empleos, mientras niños y jóvenes sufrieron bullying y agresiones físicas. Después del asesinato de Shinzo Abe y de las campañas hostiles contra la Iglesia de la Unificación en Japón, muchos miembros también experimentaron ostracismo social y violencia doméstica.
Christian Gospel Mission, también conocida como Providence, ofrece otro ejemplo de cómo los medios sensacionalistas pueden afectar la vida de los creyentes. En Taiwán, después de “In the Name of God: A Holy Betrayal”, de Netflix, miembros no acusados de ningún delito fueron retratados como personas sin agencia o como cómplices de una “secta”. Las consecuencias incluyeron persecución en línea, filtración de datos personales y pérdida de cargos universitarios de jóvenes académicos por su afiliación religiosa. Las mujeres fueron especialmente atacadas mediante agresiones misóginas, burlas sobre su apariencia, difamación en línea y exposición de fotografías privadas acompañadas de descripciones obscenas o falsas acusaciones de que ofrecían favores sexuales para obtener estatus dentro de la iglesia. Los niños también enfrentaron bullying en la escuela, y la agresión terminó volviéndose física cuando dos miembros fueron golpeados en Taiwán, uno de ellos gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con un martillo.
El siguiente material proviene de entrevistas con personas vinculadas a grupos religiosos cuyos líderes fueron condenados o acusados de delitos sexuales. El propósito no es evaluar esas causas penales, sino comprender cómo los sujetos vinculados a minorías religiosas estigmatizadas experimentan los efectos de la culpa por asociación. Octav Fercheluc y Sara Pozos fueron entrevistados para comprenderlo de primera mano. También entrevistamos a Konstantin Rudnev y a su esposa, Tamara Saburova, quienes respondieron por escrito porque Rudnev se encontraba entonces en prisión preventiva en Argentina. En su caso, la entrevista buscó reconstruir cómo el nombre “Ashram Shambhala” se convirtió en una etiqueta expansiva que afectó no solo al propio Rudnev, sino también a personas real o presuntamente asociadas con él.
Octav Fercheluc, director de Ananda, una escuela uruguaya de yoga basada en el sistema creado por el fundador de MISA, Gregorian Bivolaru, muestra cómo las acusaciones contra un líder religioso extranjero pueden transferirse a alguien que comparte un linaje espiritual. En 2015, Álvaro Farías Díaz, psicólogo asociado con movimientos antisectas católicos, apareció en medios uruguayos afirmando que Fercheluc pertenecía a “una secta”, que era “muy peligroso”, que había afirmado falsamente tener un doctorado en Matemática y que no podía ofrecer tantas clases gratuitas sin un interés oculto. También alegó que Bivolaru lo había enviado “para raptar personas y llevarlas a Rumanía para hacer películas porno”.
Los efectos fueron inmediatos. Los contratos de Ananda con instituciones educativas y estatales para ofrecer clases gratuitas de yoga y meditación fueron suspendidos; casi todos los estudiantes dejaron de asistir y lo que quedó, en palabras de Fercheluc, fue “un aura de sospecha”, incluso después de quedar claro que Bivolaru no tenía ningún papel directo en Ananda y que nadie había sido secuestrado. La acusación recibió amplia cobertura en radio, prensa escrita y televisión. “Fue una explosión”, recordó.
A Fercheluc se le concedió derecho a réplica, pero los proyectos cancelados y los estudiantes que se fueron no regresaron. En 2018, una denuncia anónima volvió a vincularlo con Bivolaru, lo que dio lugar a una investigación penal, allanamientos, su traslado a una oficina de Interpol y evaluaciones psicológicas de sus estudiantes para detectar un supuesto “control mental”. Las evaluaciones concluyeron que los estudiantes estaban mentalmente sanos. Se confirmó que Ananda era plenamente uruguaya, no tenía vínculos con Bivolaru y que nadie había sido trasladado con fines de pornografía o abuso sexual. Después de más de un año y medio, los fiscales no encontraron fundamentos para formular cargos y desestimaron la causa.
Sin embargo, las cicatrices permanecieron. Fercheluc describió aislamiento profesional dentro de la comunidad uruguaya de yoga. Otras escuelas dejaron de colaborar con él y, cuando se formó una asociación nacional de profesores de yoga, fue excluido por “razones éticas”, aunque su academia es una de las más grandes de Uruguay. “Tuvimos que soportar y sufrir muchas consecuencias porque yo me había formado como instructor en la Escuela de Yoga basada en las enseñanzas de Bivolaru”, dijo. “Incluso se me decía ‘el rumano’, no se me llamaba más por el nombre”.
Sara Pozos, académica, empresaria y miembro de La Luz del Mundo (LLDM), describió una experiencia distinta pero relacionada. Recordó que en 1997, cuando se hicieron públicas las acusaciones contra el padre del actual Apóstol, una profesora universitaria dijo a la clase que el líder de LLDM “había violado personas”, sin cuestionar lo que había visto en los medios. Al enterarse de que Sara pertenecía a LLDM, agregó: “Seguramente a ti también te pasó algo así”, asumiendo que la propia Sara debía haber sido una víctima.
Para Pozos, las redes sociales y las plataformas digitales han vuelto esta dinámica “exponencialmente devastadora”. Dijo que “algunos de los hermanos en la iglesia y hermanas pues han sufrido despidos laborales; acoso en la calle; en las escuelas los niños han sufrido mucha violencia; las mujeres sufrimos violencia”. Los miembros enfrentan ciberacoso constante, y las mujeres suelen sufrir el estigma con mayor intensidad porque su vestimenta las hace más identificables. Mencionó casos de mujeres a quienes se les negó subir a autobuses públicos, o se las obligó a bajar, después de ser reconocidas como miembros de LLDM. Los hombres también han sido despedidos de sus empleos por pertenecer abiertamente a la iglesia.
Pozos agregó que la discriminación alcanzó incluso el acceso al empleo público. Cuando miembros de LLDM participaron recientemente en concursos para cargos judiciales en México, el medio Milenio sostuvo durante varias semanas que esos cargos no debían ser ocupados por miembros de la iglesia que sostienen la inocencia de su líder. Un presentador, recordó, exigió que los candidatos negaran públicamente su relación con el Apóstol para ser considerados idóneos. Más tarde, cuando un miembro de la iglesia fue seleccionado como empleado de la Suprema Corte de Justicia de México, “lo identificaron en la nómina y empezó otra vez la campaña contra él, que por qué estaba allí, que si él no tenía derecho por ser de la Luz –así lo dicen– por ser de la Luz del Mundo y por defender a su líder”.
También recordó la detención en Michoacán de 38 personas luego identificadas como miembros de LLDM, que realizaban una capacitación profesional en defensa con armas utilitarias. La noticia circuló la misma noche en que se leyeron nuevos cargos contra el Apóstol Naasón Joaquín García en Nueva York, y algunos medios la presentaron como una célula vinculada al crimen organizado. Aunque la investigación no encontró evidencia incriminatoria, el efecto público ya se había producido.
Las entrevistas con Konstantin Rudnev y Tamara Saburova ubican el mismo mecanismo en otro escenario. Describieron cómo Ashram Shambhala se convirtió en una etiqueta expansiva mucho antes de la causa argentina y de la condena de Rudnev en Rusia–que observadores independientes consideran ampliamente basada en cargos fabricados–, mientras la escuela seguía en funcionamiento. Entre las historias de miembros de ese período, recordaron a Marina, cuyos hijos adultos denunciaron su desaparición y transfirieron su departamento a sus propios nombres, por temor a que ella lo vendiera y entregara el dinero a la “secta”. Alexandra, de Bielorrusia, fue despedida de un puesto que había ocupado durante más de diez años después de que un colega descubriera que asistía a la escuela. Dmitry, jefe de departamento en una empresa de publicidad, fue removido después de que su esposa se presentara en su lugar de trabajo y declarara que él era un “sectario” bajo la influencia de Rudnev. Natalia, entonces de unos diecinueve años, fue enviada por sus padres a una clínica psiquiátrica para recibir tratamiento forzado después de decir que había asistido a seminarios de la escuela. Tatiana, de Tomsk, ni siquiera era una participante activa de la escuela, pero fue expulsada de su hogar con su hijo porque su esposo encontró uno de los libros de Rudnev en su habitación.
Rudnev y Saburova también describieron familiares que encerraban adultos en sus casas y les quitaban sus documentos y su dinero porque creían que estaban bajo “lavado de cerebro”; denuncias policiales contra presuntos participantes; vigilancia en lugares de trabajo y hogares; y violaciones de la privacidad mediante la apertura y difusión de correspondencia personal. Agregaron que, incluso hoy, medios en Rusia, Kazajistán y otros lugares identifican públicamente como miembros de la “secta” a personas que niegan haber pertenecido alguna vez a ella, provocando pérdida de empleos, rechazo de amigos y restricciones a la libertad de movimiento. Saburova dijo que tales episodios eran comunes mientras la escuela operaba en Rusia, y que muchas mujeres sufrieron violencia familiar después de asistir a un seminario.
La misma lógica expansiva reapareció en Argentina. Cuando Rudnev fue arrestado allí en 2025, varias otras personas —en su mayoría mujeres rusas— también fueron detenidas y acusadas como miembros de su presunta “secta”, aunque algunas dijeron que ni siquiera lo conocían, y todas negaron formar parte de un grupo liderado por él. Como se discutió en el primer artículo de esta serie, la causa fue enmarcada desde el inicio a través de narrativas mediáticas rusas y montenegrinas: los fiscales citaron titulares montenegrinos, en gran medida copiados de fuentes rusas, para presentarla como una “organización criminal internacional”. Un año después, en la audiencia de abril de 2026, los fiscales solicitaron prorrogar tanto la investigación como la prisión preventiva de Rudnev, reconociendo que la evidencia clave todavía no había sido analizada. Sin embargo, continuaron apoyándose en el mismo marco de organización criminal y se opusieron a su arresto domiciliario, pese a casi un año de solicitudes y graves problemas de salud.
A través de estos relatos, vemos que la sospecha no necesita contacto directo con hechos concretos. Por eso la culpa por asociación debe entenderse como una forma específica de estigma. Etiqueta a un grupo, asocia esa etiqueta con estereotipos negativos, separa a “nosotros” de “ellos” y produce pérdida de estatus y discriminación. Su poder reside en que a menudo no aparece como persecución. Se presenta como protección, prudencia institucional o preocupación por las víctimas. Sin embargo, cuando esos lenguajes permiten proyectar la acusación contra una persona sobre comunidades enteras, crean nuevas víctimas entre personas que no fueron acusadas de ningún delito.
Maria Vardé graduated in Anthropological Sciences at the University of Buenos Aires and is currently a researcher at the Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Institute of Anthropological Sciences, Faculty of Philosophy and Humanities, University of Buenos Aires). She has written and lectured on archeology, spirituality, and freedom of religion or belief.
