No todas las religiones caen con su líder. El poder y la legitimidad determinan cuánto peso tiene una acusación.
por María Vardé
En los artículos anteriores de esta serie sostuve que las acusaciones contra un líder pueden ir más allá de la responsabilidad individual y extenderse a la doctrina y a los miembros ordinarios del grupo, generando estigma. Luego examiné cómo este proceso puede producir graves repercusiones jurídicas y estatales. Pero este fenómeno no opera en el vacío. Depende, en gran medida, de la posición de cada grupo en la jerarquía de legitimidad religiosa de una sociedad. Algunas tradiciones poseen densidad institucional, familiaridad cultural, capacidad de defensa pública y recursos jurídicos suficientes para resistir mejor una campaña de descrédito. Otras, en cambio, entran en la controversia con legitimidad precaria o inexistente. Esta asimetría es fundamental.
El estigma no es simplemente una opinión negativa sobre ciertos grupos. En un ya clásico artículo de 2001 titulado “Conceptualizing Stigma”, los sociólogos Bruce G. Link y Jo C. Phelan explicaron que el estigma es un proceso social más amplio que incluye etiquetamiento, estereotipación, separación entre un “nosotros” y un “ellos”, pérdida de estatus y discriminación. Pero este proceso —explican— solo opera eficazmente con una asimetría de poder.
Para este análisis, el poder puede entenderse como capital social, económico y político. Esta desigualdad permite que ciertas clasificaciones prevalezcan y tengan consecuencias reales. Es por esto que, ante una controversia, algunas formas de pertenencia religiosa se vuelven socialmente gravosas mucho más rápido que otras. No porque sus miembros sean objetivamente más responsables, sino porque ocupan una posición más débil en el orden del reconocimiento público.
Sería falso afirmar que las grandes iglesias nunca enfrentan campañas mediáticas o consecuencias jurídicas por abusos cometidos por su clero. En un estudio sobre la construcción social de un pánico moral en torno a sacerdotes pedófilos, el sociólogo Massimo Introvigne recordó que hubo extensas campañas culturales y litigios masivos contra diócesis católicas, algunos de los cuales derivaron en quiebras. Por lo tanto, el punto no es que las grandes instituciones estén completamente protegidas de la controversia. Más bien, incluso durante crisis muy graves, las religiones hegemónicas no son reescritas moralmente como mera cobertura del abuso, ni los creyentes son tratados colectivamente como cómplices o víctimas incapaces. La institución cuenta con recursos, voceros, aliados, historia y reconocimiento suficientes para resistir mejor la estigmatización de sus miembros.
Así, resulta más útil hablar de un continuo que trazar una oposición rígida entre “religiones grandes y poderosas” y “religiones pequeñas y débiles”. En un extremo están las instituciones con larga presencia histórica y capital social, como la Iglesia católica en la mayoría de los países occidentales. En la zona intermedia se ubican tradiciones numéricamente grandes, como los Testigos de Jehová (TJ) o La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con millones de adherentes y estructuras organizativas robustas, pero socialmente más vulnerables a los ataques que las iglesias históricamente dominantes.
En un estudio de 2021, Introvigne sostuvo que los TJ suelen funcionar como “canarios en la mina de carbón” de la libertad religiosa, porque suelen estar entre los primeros en experimentar nuevas formas de hostilidad jurídica o cultural que luego pueden extenderse a otros grupos. En ese marco, mostró cómo controversias específicas en torno a casos de abuso sexual se usan para cuestionar no solo la conducta individual, sino también la libertad religiosa de la organización para regular su vida interna. La ofensiva, por lo tanto, no se limita a castigar posibles delitos; también busca reducir la autonomía religiosa del grupo.
Esta lógica reaparece en ciertas representaciones mediáticas recientes. Una producción de The Telegraph, por ejemplo, retrató a los TJ como excepcionalmente reacios a cooperar con la justicia en asuntos de abuso sexual, debido a su negativa a revelar comunicaciones religiosas protegidas por la confidencialidad. Introvigne había señalado que los medios atacan con frecuencia a los TJ por su manejo del abuso sexual, ignorando de manera constante que las políticas oficiales del grupo alientan activamente a las víctimas a denunciar ante autoridades seculares y establecen expresamente que la congregación no protegerá a los perpetradores. La cuestión del secreto de confesión y la protección de ciertas comunicaciones religiosas no es exclusiva de esta tradición; también se aplica a otras, incluida la Iglesia católica. Aun así, la narrativa periodística tendió a construir a los TJ como una excepción moralmente sospechosa.
Un punto similar puede plantearse respecto de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una tradición global con enorme capacidad organizativa y presencia pública. Aun así, su posición dentro de la jerarquía de legitimidad sigue siendo más frágil que la de las iglesias históricamente hegemónicas. Un ejemplo relevante es una causa decidida por la Corte Suprema de Arizona en 2023, que Bitter Winter siguió de cerca, originada en el abuso sexual cometido durante siete años por Paul Adams contra su hija mayor y su hermana pequeña. Durante esos abusos, Adams confesó sus delitos a un obispo Santo de los Últimos Días, lo que llevó a una audiencia disciplinaria y a su excomunión en 2013. Después de que Adams se jactara de sus crímenes en redes sociales y fuera arrestado en 2017, la Iglesia fue demandada por las hijas de Adams.
Posteriormente, la controversia judicial se centró no solo en los delitos claramente establecidos de Adams, sino también en si la Iglesia podía ser considerada responsable por no denunciar lo que había sabido en un contexto confesional. Aunque un tribunal inferior sostuvo inicialmente que Adams había renunciado al privilegio de confidencialidad entre clérigo y penitente mediante su conducta pública posterior, los tribunales de apelación de Arizona rechazaron ese razonamiento y sostuvieron que la admisión pública de los crímenes no implicaba renunciar al privilegio sobre la confesión misma. La decisión permitió a la Iglesia negarse a responder preguntas o producir documentos protegidos por la excepción estatal de confidencialidad entre clérigo y penitente, que protege las confesiones religiosas confidenciales de la divulgación compulsiva. El caso muestra que una acusación grave también puede cuestionar la protección institucional de una práctica religiosa interna, aunque existan protecciones similares en otras tradiciones.
La diferencia con las iglesias establecidas, entonces, no es que estos grupos estén completamente desprotegidos. Es que su defensa pública requiere más esfuerzo y se desarrolla en un terreno menos favorable. Pueden ganar litigios, movilizar recursos e invocar principios de libertad religiosa. Aun así, siguen más expuestos a campañas que desdibujan la línea entre delitos individuales, disciplina interna, doctrina y peligrosidad colectiva. Tras el asesinato de Abe en Japón, campañas basadas en un uso controvertido y no científico del término “secta” se extendieron no solo contra la Iglesia de la Unificación, sino también contra otros grupos, incluidos los Testigos de Jehová, creando un contexto de mayor escrutinio, estigmatización y consecuencias dañinas. La expansión del estigma se propaga por contagio hacia tradiciones que, aunque grandes, siguen siendo vulnerables.
En el otro extremo del continuo se encuentran grupos más pequeños, menos familiares para el público. Allí, la sospecha suele propagarse mucho más rápido y resulta más devastadora. En la primera entrega de esta serie, examinamos cómo, en casos como Ashram Shambhala, Christian Gospel Mission, La Luz del Mundo y MISA, la dramatización mediática de acusaciones individuales contra líderes religiosos se expande casi categóricamente hacia otros creyentes no acusados e incluso hacia sus principios teológicos y otros grupos que pueden —o no— estar relacionados. La intensidad y la velocidad de la sospecha y la estigmatización dependen de la posición relativa de cada grupo dentro del campo social.
Cuanto menor es el capital simbólico acumulado y cuanto menos familiar resulta un grupo para el público y las instituciones, más fácil es que una acusación contra un líder se convierta en una descalificación colectiva. A la inversa, cuanto mayor es el capital simbólico, la presencia histórica y la capacidad de respuesta, más difícil resulta que esta expansión de la sospecha alcance a la doctrina en su conjunto o a la membresía general.
Volviendo a Link y Phelan, aquí queda claro que el poder no es un complemento externo del estigma, sino una de sus condiciones de posibilidad. Algunas formas de pertenencia religiosa son leídas como normales, incluso en medio del escándalo. Otras se convierten rápidamente en marcas de sospecha. En el campo que estudiamos, esto significa que la misma acusación puede producir efectos muy distintos según el grupo. En algunos casos, habrá una controversia severa pero no un colapso de la credibilidad social. En otros, una denuncia, una serie televisiva o una demanda judicial pueden bastar para volver sospechoso a todo el colectivo, con consecuencias graves para la vida cotidiana de sus miembros. Ese es el tema de la próxima y última entrega de esta serie.
Maria Vardé graduated in Anthropological Sciences at the University of Buenos Aires and is currently a researcher at the Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Institute of Anthropological Sciences, Faculty of Philosophy and Humanities, University of Buenos Aires). She has written and lectured on archeology, spirituality, and freedom of religion or belief.
