por Massimo Introvigne y María Vardé
Artículo 4 de 4. Lea el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3.
En 2021, Rudnev salió del sistema penitenciario ruso como un hombre transformado, aunque no del modo que sus acusadores habían predicho. Cuando ingresó, a los cuarenta y tres años, gozaba de buena salud, era físicamente fuerte y estaba habituado a las largas caminatas por los bosques siberianos que tanto amaba. Once años después, emergió a los cincuenta y cuatro, con el cuerpo marcado por el daño acumulado del encierro y la privación. En prisión se le prohibió practicar yoga, caminar, estirarse e incluso realizar los ejercicios respiratorios que habían formado parte de su vida cotidiana durante décadas. Los guardias lo vigilaban de cerca, asegurándose de que no hiciera nada que pudiera preservar su bienestar. Él aceptó esto con una suerte de resignación serena, una actitud que su esposa describe no como sumisión, sino como resistencia espiritual: una negativa a permitir que el resentimiento echara raíces. Cumplió su condena de campanada en campanada, sin quejas, incluso mientras el mundo exterior seguía reciclando las mismas historias sensacionalistas sobre él, relatos que desde hacía tiempo se habían desvinculado de hechos verificables.
Durante los once años en que Rudnev estuvo encarcelado en Rusia, docenas de maestros independientes utilizaron su nombre (o el de “Ashram Shambhala”) y sus textos. Algunos de ellos, incluida Soledad Domec en Chile, se volvieron a su vez controvertidos. No pretendemos examinar aquí sus casos, pero lo que sí está claro es que Rudnev no fue responsable de lo que ellos enseñaron o hicieron.
Cuando fue liberado, Rudnev dejó Rusia casi de inmediato. Ya no habló en público, ya no enseñó, ya no criticó al gobierno. Simplemente quería volver a estar cerca de la naturaleza: caminar por los bosques, respirar aire de montaña, recuperar la soledad que le había sido negada durante más de una década. Montenegro le ofreció ese refugio. Sus montañas y lagos le recordaban los paisajes que había amado en Siberia, y pasó largos períodos recorriendo la naturaleza en cuatriciclo, durmiendo al aire libre y viviendo de un modo más cercano al retiro monástico que a cualquier actividad organizada.
Sin embargo, incluso allí el pasado lo siguió. Cuando las autoridades locales descubrieron su nombre, recurrieron a internet en busca de información, y lo que encontraron fueron los mismos titulares reciclados que habían circulado en Rusia años antes. No encontraron pruebas; encontraron un relato. Y ese relato —la imagen de un “líder de secta malvado” construida por los medios rusos y amplificada por programas de debate y coberturas sensacionalistas— bastó para desencadenar una nueva ola de escrutinio.
La policía montenegrina allanó el hotel donde se alojaba, lo interrogó a él y a otras personas, y lo detuvo brevemente. No resultó nada de ello. No hubo cargos, no hubo pruebas, no hubo víctimas. Pero los titulares reaparecieron, ahora en montenegrino, copiados casi palabra por palabra de fuentes rusas, incluso con las mismas fotografías tomadas quince años antes. La reproducción transnacional del estigma había comenzado. Él abandonó Montenegro voluntariamente, con documentación válida y sin restricciones, pero la experiencia confirmó que el relato ruso se había vuelto portátil, capaz de resurgir allí donde fuera.
Argentina parecía, al principio, un lugar donde podría volver a desaparecer en la naturaleza. Eligió Bariloche por la misma razón por la que había elegido Durmitor, en Montenegro: montañas, bosques, lagos, esa sensación de inmensidad que siempre lo había sostenido. Desde hacía tiempo Argentina había sido un país acogedor para los rusos, ofreciendo entrada sin visa y, para muchas mujeres, la posibilidad de dar a luz en un país que otorga ciudadanía a sus hijos. Allí se había formado una numerosa comunidad rusa, y él tenía conocidos con quienes socializaba ocasionalmente. Pero no enseñaba, no organizaba, no formaba ningún grupo. Caminaba, descansaba, meditaba y llevaba una vida tranquila.
Los hechos que finalmente conducirían a su detención no comenzaron con él, sino con E., una joven rusa que viajó a Argentina embarazada en busca de seguridad y recuperación. En una entrevista personal con uno de nosotros (Vardé), E. explicó que llegó a Bariloche huyendo de una relación tóxica y violenta, con la esperanza de reconstruirse emocional y físicamente antes de dar a luz. Nadezhda Belyakova, una amiga cercana de la familia, la acompañó a pedido de la madre de E., quien quería garantizar un entorno seguro para su hija y su futuro nieto, lejos de una pareja abusiva y dependiente del alcohol.
Cuando E. entró en trabajo de parto y fue ingresada al hospital en Bariloche, el personal médico empezó a sospechar. Interpretaron su dependencia de Nadezhda y de otra mujer, Svetlana Komkova —y su limitada capacidad de comunicación— como “sumisión” y como indicio de que otras personas le impedían hablar con libertad. Sin embargo, E. no hablaba ni español ni inglés y, según múltiples testimonios, la comunicación con el personal del hospital y con la policía dependió de herramientas de traducción improvisadas e intérpretes ad hoc, condiciones que desde el inicio generaron un evidente riesgo estructural de malentendidos.
En ese contexto, las conjeturas se endurecieron y pasaron a convertirse en “pruebas”. Una enfermera decidió que E. “parecía demasiado joven” para tener veintidós años, como constaba en su pasaporte, y concluyó que debía ser menor de edad y, por lo tanto, una madre subrogante. La situación escaló aún más cuando E. le entregó a la enfermera una rosa blanca —un gesto sencillo que luego fue presentado como una súplica de auxilio codificada—. Mientras tanto, una de las mujeres que colaboró con la interpretación informó posteriormente un episodio especialmente alarmante: la misma enfermera habría intentado inducir el parto con medicación sin el consentimiento de E. Por inverosímiles que puedan sonar algunos eslabones de esta cadena, estos elementos —gestos malinterpretados, suposiciones sobre la edad y saltos narrativos— figuran en el expediente y se volvieron fundacionales para la “historia de origen” de la investigación: conjeturas tratadas como hechos.
El hospital llamó a la policía. E. fue detenida, separada de su recién nacido y los investigadores construyeron una hipótesis en la que ella pasó a ser la víctima central de una supuesta red de trata de personas vinculada a Rudnev, un hombre a quien nunca había conocido.
La ley argentina contra la trata de personas es notoriamente amplia: abarca desde el trabajo forzado y la explotación sexual hasta irregularidades documentales. Fiscales con un marcado sesgo antisectas la han utilizado reiteradamente en causas vinculadas a grupos espirituales, reales o imaginados. En este caso, la norma se convirtió en el andamiaje de un relato sin sustento fáctico, pero con enorme potencia retórica. Se acusó a las acompañantes de E. de intentar falsificar la documentación del recién nacido agregándole el apellido de Rudnev. Sin embargo, el expediente y las entrevistas reunidas para este informe contradicen esa afirmación. E. y Svetlana —quien estaba presente y colaboraba con la interpretación— recuerdan que una enfermera insistía reiteradamente en que E. inscribiera al bebé con el apellido del padre, advirtiendo que el hospital no entregaría al recién nacido si no se consignaba un padre; una afirmación que la propia enfermera confirmó luego en su declaración ante el tribunal. E., no obstante, insistió en utilizar su propio apellido. En los papeles, el apellido del niño fue consignado inicialmente de manera incorrecta en su forma femenina, y E. pidió repetidas veces que se corrigiera a la forma masculina adecuada, dado que en ruso los apellidos suelen modificar su terminación según el género gramatical. Según Svetlana, que estaba presente y asistía con la interpretación, el médico reaccionó con enojo durante ese intercambio y rompió el documento. Más tarde, los fiscales reformularon el episodio como una maniobra de adulteración de prueba, acusando a Svetlana de haber destruido el papel y de intentar vulnerar la integridad de un registro público oficial.
El hospital siguió amenazando a E., sosteniendo que no le permitirían volver a su casa a menos que presentara un documento del padre del niño; una exigencia que más tarde comprendió que no era legítima. La dueña del departamento donde vivía E. conocía a Rudnev y lo estaba ayudando a obtener un permiso de residencia en Argentina. Por ese motivo, había una copia del pasaporte de Rudnev en la casa de E. Desesperada, E. se lo entregó al hospital como si fuera el pasaporte del padre del niño. Esto —según relata ella, y según han confirmado su amiga y la dueña del departamento— fue la única conexión indirecta entre E. y Rudnev. E. afirma que nunca conoció a Rudnev en persona y que, desde luego, no formaba parte de ninguna escuela espiritual ni “secta”. Sin embargo, cuando el nombre de Rudnev surgió a partir del pasaporte y pasó a integrar el expediente que el hospital remitió a las autoridades que investigaban una posible trata de mujeres embarazadas, se lo vinculó con su pasado como “líder de secta” en Rusia y se disparó la especulación de que estaba reorganizando la “secta” en Argentina.
La causa fue inicialmente tramitada por el Juez Federal de Garantías, Dr. Gustavo Villanueva, en la Oficina Judicial de San Carlos de Bariloche y, en esa etapa, tenía como imputadas a una mujer mexicana y a cinco mujeres rusas —sin mención alguna de Rudnev—, y fue desestimada con rapidez por falta de pruebas de la comisión de un delito. En lugar de acotar la investigación tras esa desestimación, el expediente se expandió bajo un nuevo juez y un nuevo tribunal. Días después, en marzo de 2025, la policía llevó a cabo un operativo de gran escala en el aeropuerto de Bariloche, deteniendo a quince rusos más —la mayoría mujeres—. Los titulares estallaron en toda Argentina, proclamando el hallazgo de una “secta rusa” liderada por un prófugo internacional. Una vez más, los artículos reproducían de manera casi literal reportes rusos y montenegrinos, con las mismas fotografías desactualizadas y las mismas acusaciones. Los fiscales anunciaron que habían capturado a un peligroso líder criminal. En realidad, habían detenido a un grupo de turistas, la mayoría de los cuales no se conocía entre sí y no tenía vínculo alguno con Rudnev ni con sus enseñanzas. De hecho, ni siquiera habían oído su nombre antes de ser detenidos. Incluso E. declaró ante fiscales y jueces que nunca lo había conocido, nunca se había comunicado con él y no se consideraba su víctima. Más tarde grabó un video afirmando que, si era víctima de algo, lo era de las autoridades argentinas, que la habían detenido, aislado y presionado durante meses.
A partir de entrevistas realizadas para este artículo a varias de las mujeres detenidas, se repite la misma secuencia: todas describen haber sido interceptadas en espacios públicos por agentes que no se identificaron, sometidas a gritos y violencia física, y trasladadas sin orden judicial ni una explicación comprensible. Señalan que no se les proporcionó intérprete y que, de inmediato, se les confiscaron teléfonos y pasaportes. Varias detenidas también relatan haber sido presionadas de forma agresiva —en ocasiones durante períodos prolongados— para “confirmar” que eran víctimas de trata e incriminar a personas que no conocían, como si el estatus de víctima fuera un atajo procesal y no una determinación basada en hechos. Una mujer afirma que le solicitaron firmar actas en blanco.
Las acusaciones se ampliaron con rapidez. A una mujer se la imputó por portar 131 pastillas de cocaína, una afirmación desmentida por un análisis toxicológico que mostró que las pastillas eran, en realidad, somníferos de venta libre; sin embargo, hasta la fecha la imputación no ha sido corregida. A otra se la acusó de estar desnutrida por control “sectario”, aunque padecía alopecia congénita. Varias mujeres describieron haber permanecido durante períodos prolongados en dependencias policiales en condiciones que se asemejan menos a una detención que a una degradación: horas e incluso días sin comida o agua suficientes, sin colchones ni mantas, en celdas frías, y a veces obligadas a permanecer de pie mientras estaban esposadas. Algunas refieren que se les negó higiene básica y atención médica incluso cuando presentaban lesiones visibles o un claro malestar físico. Otras describen requisas humillantes e intimidaciones que vivieron como amenazas a su integridad física o sexual, incluyendo haber sido dejadas desnudas, objeto de burlas o colocadas en situaciones que percibieron como deliberadamente aterradoras. En un testimonio, un agente arrojó un trozo de pan al piso de la celda “como si alimentara animales”. En conjunto, estos relatos sugieren que la mera insinuación de una “secta” puede operar como una suerte de orden informal que habilita medidas excepcionales —y excepcionalmente abusivas—.
Sólo una persona permaneció bajo custodia tras las detenciones iniciales: Rudnev. Fue arrestado en el aeropuerto mientras se preparaba para viajar a Buenos Aires y luego a Brasil para visitar las cataratas. No se le exhibió ninguna orden, no se le leyeron cargos y no se le dio explicación alguna en el momento de la detención. No contó con intérprete ni tuvo oportunidad de comunicarse con nadie. Fue sometido a una requisa corporal integral, alojado en aislamiento y alimentado con comida que no podía digerir; durante los primeros diez días, sobrevivió con pan y agua de la canilla. Las audiencias se extendían desde la mañana hasta pasada la medianoche en un idioma que él no comprendía, con un intérprete que traducía sólo fragmentos. En nueve meses perdió alrededor de 30 kilos. Los médicos de la prisión, interpretando erróneamente su hipertensión crónica, lo obligaron a tomar diariamente tres potentes antihipertensivos, controlándole la boca para asegurarse de que los ingiriera; la medicación le provocó una debilidad severa y episodios de desmayo, pero cuando colapsó en la unidad médica, el personal registró el hecho y lo descartó como no relacionado con el tratamiento. Lo tildaron de simulador incluso cuando intentaba explicar su hernia de columna, una afección vinculada a años de movilidad restringida en prisiones rusas.
Las condiciones sanitarias eran igualmente alarmantes. Se obligaba a los detenidos a beber de un único vaso compartido, independientemente de que estuvieran enfermos. A él se le negaron analgésicos, antibióticos y cualquier alimentación compatible con sus necesidades dietarias. Con el tiempo, rechazó todo tratamiento y firmaba a diario formularios en los que dejaba constancia de que declinaba recibir atención médica: una negativa que algunos guardias interpretaron como rebeldía, aunque él se mantuvo sereno y respetuoso y, según otros internos, irradiaba una suerte de benevolencia silenciosa que dificultaba el maltrato incluso para quienes no lo comprendían. No hablaba español ni inglés y pasaba la mayor parte del tiempo en oración o meditación, aislado no sólo físicamente sino también en términos lingüísticos.
Hasta el momento, ni Rudnev ni su esposa afirman haber sido informados con claridad sobre los hechos específicos que sustentarían la acusación; según su comprensión, el caso ha avanzado sobre la base de una hipótesis vaga e infundada, más que sobre un conjunto de cargos claramente formulados. En una entrevista personal para este informe, su esposa describió a Argentina como el refugio que habían buscado tras años de persecución e insistió en que no habían hecho nada indebido: sólo esperaban que la salud de Konstantin pudiera mejorar en la naturaleza que él ama. Ahora teme perderlo y advierte que su vida corre un serio peligro.
La causa en su contra, mientras tanto, empezó a desmoronarse. La supuesta víctima principal negó conocerlo. Las mujeres detenidas junto con él negaron formar parte de cualquier movimiento. Muchas insistieron en que ni siquiera habían oído hablar de él antes de su arresto. Las pastillas no eran drogas. La hipótesis sobre el certificado de nacimiento se vino abajo. El relato de trata se disolvió. Los fiscales admitieron que no contaban con evidencia concreta, pero sostuvieron que el caso era “complejo” por su carácter internacional. Solicitaron —y obtuvieron— un año completo de prisión preventiva, hasta marzo de 2026, alegando la necesidad de examinar los teléfonos y computadoras secuestrados. Los dispositivos no pertenecían sólo a él, sino a todos los ciudadanos rusos detenidos en el operativo. La mayor parte del material estaba en ruso y los investigadores lo estaban traduciendo mediante herramientas automáticas, una práctica jurídicamente inválida que, aun así, se utilizó para justificar nuevas demoras.
En los hechos, permanece encarcelado no por algo que haya hecho en Argentina, sino a causa de una mitología importada: un relato forjado en Rusia, replicado en Montenegro y absorbido en los supuestos de la acusación argentina. La imagen del “líder de secta internacional” ha demostrado ser más perdurable que el expediente: ha sobrevivido al derrumbe de imputaciones específicas, ha persistido pese al testimonio de la supuesta víctima y ha perdurado aun en ausencia de cómplices o de cualquier grupo organizado demostrable. A los ojos de las autoridades, se ha convertido en la encarnación de una historia heredada más que descubierta, y liberarlo implicaría reconocer que la causa se construyó sobre malas traducciones, presunciones y la inercia de un estigma internacional, más que sobre evidencia.
Por ahora, permanece en una celda en Rawson, a la espera de un proceso que avanza menos por la fuerza de las pruebas que por la resistencia del sistema a admitir un error. Su salud se deteriora a medida que el expediente crece, y un relato que comenzó hace décadas —modelado por los medios, la política y el poder de la repetición— continúa determinando su destino en el país donde buscó una vida tranquila. En tanto esto se prolonga sin una acusación coherente, las voces argentinas e internacionales de derechos humanos que reclaman debido proceso por encima de la mitología, y dignidad humana por encima del impulso acusatorio, resultan cada vez más difíciles de desoír. Su exigencia es simple y cada vez más urgente: que Argentina finalmente las escuche y permita que Konstantin Rudnev recupere la libertad antes de que la injusticia se vuelva irreversible.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
