La Cámara de Casación devuelve al maestro espiritual ruso a la oscuridad que apenas logró sobrevivir
por Massimo Introvigne
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de revocar la prisión domiciliaria de Konstantin Rudnev y devolverlo a prisión constituye un motivo de profunda preocupación. Llega después de catorce meses durante los cuales la defensa ha documentado cada inconsistencia, cada irregularidad procesal, cada advertencia médica y cada episodio de obstaculización que contribuyó al deterioro de su salud. La resolución transmite la impresión de un acto judicial desconectado del expediente, desconectado de la prueba y desconectado de las consecuencias humanas que hoy se ciernen sobre un hombre que acaba de someterse a una cirugía y permanece en un estado de salud delicado.
Ante la Cámara de Casación, la fiscalía reiteró las mismas acusaciones que viene sosteniendo desde el inicio del caso. Invocó el riesgo de fuga, la posibilidad de influir sobre la presunta víctima a través de intermediarios, la supuesta independencia económica de Rudnev, teorías relacionadas con narcóticos y una serie de hipótesis que ya han sido examinadas repetidamente y cuya falta de sustento ha quedado demostrada. Muchas de estas afirmaciones se refieren a personas distintas de Konstantin. Otras han sido contradichas por las propias constancias del expediente. Sin embargo, los jueces aceptaron estos argumentos sin cuestionarlos y sin abordar las extensas presentaciones de la defensa. El trabajo realizado durante catorce meses parece haber sido descartado sin explicación alguna.
El razonamiento de la resolución se desmorona cuando se lo examina en detalle. La afirmación de que existe riesgo de fuga carece de toda base fáctica. Konstantin ha permanecido bajo arresto domiciliario sin incidentes. Nunca intentó escapar. Ha cumplido con todas las condiciones que le fueron impuestas. Si alguna vez hubiera tenido intención de fugarse, el momento en que se le concedió la prisión domiciliaria habría sido la oportunidad ideal para hacerlo. Sin embargo, permaneció donde el tribunal le ordenó. Incluso después de esta resolución desfavorable, continúa en su domicilio, aguardando el desarrollo del proceso judicial. El argumento de riesgo de fuga es una fórmula abstracta sin conexión con su conducta real.
La acusación relativa a una llamada telefónica a la presunta víctima y a la supuesta eliminación de registros telefónicos plantea aún más interrogantes. Si tal llamada hubiera existido, debería figurar en el teléfono de la presunta víctima, aparato que estuvo en poder de los investigadores. No existe ningún registro de ese tipo. La detención se produjo de manera inmediata en el aeropuerto. Konstantin fue esposado de inmediato y sus teléfonos fueron confiscados en ese mismo momento. No tuvo oportunidad de manipular dispositivo alguno. La detención quedó registrada por las cámaras de seguridad del aeropuerto, las cuales confirman que nunca tocó un teléfono. La sugerencia de que habría eliminado datos estando ya bajo custodia resulta aún más difícil de comprender. Una persona detenida sin acceso a sus dispositivos no puede alterarlos. Los teléfonos permanecieron bajo control exclusivo de las autoridades. Si se hubiera producido alguna eliminación de datos, ello habría ocurrido mientras los dispositivos estaban en manos de los oficiales. La ausencia de registros técnicos provenientes de las compañías telefónicas refuerza la conclusión de que la supuesta llamada nunca existió.
La fiscalía, aferrada a la idea —basada en información recibida desde Rusia— de que Rudnev es un “líder de secta”, también reactivó la teoría de la existencia de una organización. Esta hipótesis circula desde las primeras etapas del caso, pero jamás se ha presentado prueba alguna que demuestre su existencia. Ninguna de las personas detenidas ha declarado pertenecer a organización alguna. No existe indicio de una cadena de mando, de actividades coordinadas ni de una división de funciones. El argumento de que varias personas llegaron a Argentina aproximadamente en el mismo período no constituye prueba de una organización. Las personas viajan en fechas similares por innumerables motivos. Una coincidencia temporal no crea una estructura criminal. Si realmente existiera una organización, sus integrantes podrían perfectamente haber llegado en momentos completamente distintos. La teoría se apoya en una suposición carente de sustento.
La afirmación de que dispone de importantes recursos económicos es igualmente infundada. A Konstantin se le incautaron aproximadamente seis mil dólares, y una suma similar a su esposa. Se trataba de ahorros personales destinados a gastos de subsistencia. Los inmuebles y vehículos mencionados en la causa no le pertenecen. No posee cuentas bancarias con saldos elevados, ni activos significativos, ni ingresos extraordinarios. La afirmación de que dispone de considerables recursos financieros y que los utilizaría para reorganizar una “secta” carece de cualquier fundamento objetivo.
La idea de que representa una amenaza para la presunta víctima, quien actualmente ha regresado a Rusia, contradice las constancias del expediente. Desde el comienzo, la presunta víctima ha manifestado una posición favorable hacia él. Sus abogados informaron a los tribunales que ella no deseaba que permaneciera encarcelado. Declaró que no se consideraba víctima de los hechos que se le atribuyen. También expresó preocupación por la conducta de los fiscales. Asimismo, describió las difíciles circunstancias que padeció como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, incluida su permanencia bajo custodia junto a su hijo pequeño. Sus declaraciones han sido consistentes. La teoría de que Konstantin representa un peligro para ella no encuentra respaldo alguno en sus propias palabras.
Todos estos elementos merecían una consideración cuidadosa. Eran centrales para evaluar el riesgo procesal. Eran centrales para valorar la proporcionalidad de la medida. Eran centrales para determinar si un hombre gravemente enfermo, que se encuentra recuperándose de una cirugía, debía ser devuelto al lugar donde su salud se deterioró hasta el colapso. La resolución no aborda estas cuestiones. No analiza las evaluaciones médicas que advirtieron sobre riesgos de parálisis, accidente cerebrovascular o eventos cardíacos. No examina la documentada obstaculización de tratamientos médicos en la Unidad Penitenciaria de Rawson. No considera las presiones ejercidas sobre médicos, la negativa a suministrar medicación, los episodios de desmayo, la drástica pérdida de peso ni el deterioro físico que finalmente condujo a la necesidad de una intervención quirúrgica.
La decisión tiene consecuencias que trascienden el plano estrictamente jurídico. Coloca a una persona vulnerable en una situación de peligro inmediato. Envía el mensaje de que el sufrimiento que ha soportado carece de relevancia. Sugiere que acusaciones ya desacreditadas pueden ser reactivadas sin un examen riguroso. Indica que el Poder Judicial está dispuesto a respaldar una narrativa que ha sido contradicha por la evidencia, por los registros médicos y por las declaraciones de la propia presunta víctima.
Un sistema de justicia no puede funcionar cuando la prueba es ignorada y prevalecen teorías sin sustento. La revocación de la prisión domiciliaria suscita serias preocupaciones sobre el rumbo de este proceso y sobre la protección de los derechos fundamentales. Resulta indispensable una reconsideración. Hay una vida en juego, y la responsabilidad recae ahora sobre quienes aún tienen la autoridad necesaria para impedir que se produzcan daños mayores.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
