Los fiscales sostienen que cualquiera que se una a un grupo espiritual que ellos no aprueban es “vulnerable”.
por María Vardé
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Esta serie analiza, desde un estudio antropológico-jurídico de cinco causas resonantes, cómo los procesos judiciales por trata de personas en Argentina se entrelazan con campañas antisectas en la construcción discursiva de la sospecha. La primera parte describió cómo la teoría del “lavado de cerebro” —desacreditada hace tiempo por la comunidad científica— ha sido resucitada como un dogma procesal. Este artículo se centra en el dispositivo que suele complementarla: la noción de “vulnerabilidad”.
Antropólogas como Cecilia Varela y Jessica Gutiérrez han mostrado cómo los operadores realizan una “labor interpretante” de las condiciones de vulnerabilidad, expandiendo esa noción a un rango excesivamente amplio. Señalan que esa producción discursiva funciona luego como insumo procesal, al erigirse como prueba y reemplazar la voz de las supuestas víctimas.
En el caso Rudnev, la fiscalía encuadró a la presunta víctima, E., como “vulnerable” debido a su condición de embarazada y migrante. Luego, durante la audiencia de formalización de cargos, argumentó que se encontraba “por lo menos ante dos víctimas en clara situación de vulnerabilidad”. Aseguró que “la víctima” había sido traficada por una “organización coercitiva” y sostuvo que “estos tipos de grupos delictivos se aprovechan de personas en situación de vulnerabilidad”, por lo cual “no se puede descartar que algunas de las mujeres imputadas también sean víctimas”. Estas mujeres (entre ellas una médica, una traductora, una magister en antropología social con estudios en literatura, una psicóloga clínica, una diseñadora web, una graduada en Ciencias Económicas especializada en mercadotecnia y relaciones internacionales, una abogada y una analista de sistemas) fueron consideradas “vulnerables” de manera genérica y ambigua, sin individualizar quién ni por qué razón podría ser considerada así.
Las intervenciones y declaraciones de E. contrastan marcadamente con ese guion institucional. En su ampliación de querella contra los fiscales describió su decisión de viajar a Argentina para terminar una situación de violencia doméstica con su expareja y emprender una nueva vida. También aseguró que mantenía contacto permanente con su familia en Rusia, hecho corroborado por sus registros telefónicos. Para E., ese viaje fue un acto de agencia personal y una búsqueda de seguridad; sin embargo, el sistema judicial reclasificó sus planes de vida como producto de la trata. Incluso después de regresar a Rusia, E. ha continuado interviniendo en el proceso argentino para aclarar que el “macabro sistema” de vigilancia estatal que padeció desde el parto en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche fue lo único victimizante.
La causa Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) presenta una elaboración más detallada de la supuesta “vulnerabilidad” de las mujeres sindicadas como víctimas. En el acta labrada por las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento (PNR) durante los allanamientos, en referencia a una de esas mujeres, se lee lo siguiente: “De su relato es posible inferir que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad al momento del ingreso a la ‘escuela’, puesto que ella sintió —según sus propios dichos— que las personas de la organización, sin especificar quiénes, la habían ‘ayudado’”. Este discurso fue incorporado literalmente por la fiscalía en su requerimiento de elevación a juicio, junto con el informe de la DATIP, que entre otras cosas afirma: “Las entrevistadas en cuestión comparten otro aspecto significativo a considerar, ubican en su línea histórica de vida el ingreso a EYBA como un modo de búsqueda de respuesta a preguntas existenciales, entender qué querían hacer con su vida y hacia dónde ir o encontrar un sentido a situaciones difíciles que les tocó vivir. Se evidencia un estado de ‘vulnerabilidad emocional’ ocasionado por múltiples situaciones tales como, duelos, conflictos familiares, laborales y ciertas crisis vitales. Ambos factores mencionados vuelven a estos individuos más vulnerables a la captación por parte de sectas y cultos”.
Como en el caso de E., las intervenciones de estas mujeres en el expediente relatan un escenario distinto. Desde el inicio de la causa han aportado relatos de vida, títulos profesionales, fotos en actividades que en nada se relacionan con EYBA, certificados de estudios superiores, participación en congresos internacionales y declaraciones certificadas de familiares y conocidos. También iniciaron acciones legales contra los fiscales, declararon en audiencias y exigieron que los agentes judiciales dejaran de considerarlas víctimas. Sostienen que sus vidas son plenamente autónomas, pero el discurso de la fiscalía se impuso sobre su autopercepción (y sus pericias psiquiátricas). En una entrevista con quien escribe, una de ellas subrayó: “El Estado supone que, porque busqué otra forma de vivir, perdí mi capacidad de pensar; tratan mi duelo no como una experiencia humana, sino como un defecto jurídico”.
En la causa de la comunidad cristiana Cómo Vivir por Fe (CVPF), la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) argumentó que la presunta víctima, Gabriela, era vulnerable debido a una “situación emocional extremadamente endeble”, atribuida a una separación reciente y a su condición de mujer. Este último factor, según PROTEX, representaba una desventaja debido a su inserción “en una estructura religiosa, tradicionalmente caracterizada por creencias machistas y estereotipos sobre la mujer”, lo que constituía “un factor concreto y objetivo de vulnerabilidad estructural”. Con esta afirmación, PROTEX abría la puerta a considerar “vulnerable” a toda mujer cristiana.
Esa narrativa contrastó con el testimonio de Gabriela ante el tribunal: su separación había ocurrido más de un año antes de unirse a CVPF. Su incorporación a la comunidad había sido cuidadosamente analizada, lo había conversado previamente con su familia, y ocurría en un momento en que su situación emocional y económica era muy estable.
En la causa de la Iglesia Tabernáculo Internacional el tribunal cuestionó la “vulnerabilidad” de las supuestas víctimas. En ese sentido, destacó: “todos los testimonios escuchados, fueron vertidos por jóvenes de distintas edades que demostraron una harto elocuente idoneidad para dar razón de sus dichos. En su mayoría con estudios básicos completos y al menos con experiencia universitaria pasada o presente. Y además capacitados para declarar con un lenguaje claro y contundente (…) Distantes por cierto de cualquier síntoma de vulnerabilidad”. Para el tribunal, esto contrastaba profundamente con los informes del PNR y las acusaciones fiscales y demostraba un claro desconocimiento de las condiciones de vida de las personas que decían “rescatar”.
Otra notable reacción judicial ante este fenómeno ha encontrado expresión en la reciente causa del pastor Roberto Tagliabué. En su fallo, el juez Roberto Falcone observó que no se ponía en duda la vulnerabilidad de las presuntas víctimas. Sin embargo, afirmó, “la vulnerabilidad que la acusación invoca como elemento de captación fue, en realidad, el punto de partida de una acción solidaria que procuró ayudar cuando nadie lo hacía”, refiriéndose a las actividades de asistencia llevadas a cabo por el pastor. Señaló que los profesionales miembros del PNR “recurrieron a factores indicativos generales de vulnerabilidad como si su sola constatación bastara para afirmar la existencia de un proceso de aniquilación de la autodeterminación por medio de un discurso religioso altruista. En definitiva, sus declaraciones (…) no constituyen prueba directa de los hechos imputados, sino apreciaciones subjetivas basadas en un contacto aislado y carente de continuidad.” Criticó que la fiscalía ignorara el testimonio de las presuntas víctimas, y señaló que esas formulaciones genéricas surgen de la falta de trabajo de campo de los profesionales del PNR y los fiscales.
Los casos analizados confirman el amplio universo abarcado por la “vulnerabilidad” para las burocracias antitrata que ya advertían los estudios académicos argentinos. Rasgos biográficos corrientes como separaciones, conflictos familiares o maternidad, así como el solo hecho de ser mujer, abren un abanico del que pocas personas podrían escapar.
Muestran también una deriva de consecuencias más profundas: su extensión a rasgos religiosos, como la búsqueda espiritual o de respuestas existenciales. Más aún, las críticas de género a la religión pueden reutilizarse como prueba de una “vulnerabilidad estructural” sin demostrar cómo esas abstracciones operaron en las relaciones concretas que se investigan. De hecho, lo llamativo en estos expedientes es la ausencia de indagaciones socioambientales detalladas caso por caso: en lugar de análisis de campo sobre los entornos, redes y contextos de decisión de las presuntas víctimas, los legajos se apoyan en generalizaciones y plantillas burocráticas. En ese marco, la “vulnerabilidad” deja de describir una condición social y se convierte en un instrumento jurídico usado para reemplazar los testimonios de las protagonistas por un relato acorde con la pretensión fiscal.
En la práctica, este estado de cosas habilita una regulación informal —aunque estatal— de las heterodoxias religiosas, ya que facilita la traducción de sus actividades y rasgos a categorías penales, lo cual será tema del próximo artículo. Una vez instalado ese guion en el expediente, su circulación hacia fuera del proceso —filtraciones, titulares, pánicos morales— se vuelve casi automática: la sospecha ya está estructurada, y la sentencia deja de ser el momento en que la verdad se decide.
Maria Vardé graduated in Anthropological Sciences at the University of Buenos Aires and is currently a researcher at the Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Institute of Anthropological Sciences, Faculty of Philosophy and Humanities, University of Buenos Aires). She has written and lectured on archeology, spirituality, and freedom of religion or belief.
