Los acusados fueron sobreseídos y el juez recomendó investigar los “escandalosos” abusos de las psicólogas y los organismos de lucha contra la trata.
Por Massimo Introvigne
Hay películas de terror y luego hay “sectas del horror”. En el increíble caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) la expresión “secta del horror” fue utilizada profusamente por los medios de comunicación. Pero parece que en Argentina ya es una categoría general: una iglesia evangélica llamada Iglesia Tabernáculo Internacional (ITI) también fue llamada “secta del horror” por los medios.
Lo que tienen en común los casos de la EYBA, la ITI y Cómo vivir por fe, la filial argentina del movimiento australiano Jesus Christians, es el rol clave de una fiscalía especial llamada PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas). La PROTEX realiza redadas a bombo y platillo y con la presencia de los medios de comunicación a los grupos que acusa de ser “sectas” que practican la “persuasión coercitiva” o el “lavado de cerebro” y que “trafican” a sus miembros, detiene a sus líderes y “libera” a las “víctimas” –quienes unánimemente niegan serlo.
Mientras la causa EYBA aún está pendiente, los Jesus Christians fueron declarados inocentes de trata o cualquier otro delito el 28 de noviembre de 2022 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, con una orden que critica severamente a PROTEX.
Aún más grave para la PROTEX, los otros fiscales y los psicólogos “expertos” antisectas que ven “sectas” y “trata” en todas partes, es la decisión dictada el 1 de febrero de 2024 por el Tribunal de Paraná en el caso de la ITI.
Los días 1 y 2 de septiembre de 2022 fueron allanadas, a instancias de la PROTEX, una granja de la ITI en El Redomón, departamento de Concordia, y varios domicilios particulares. Los pastores de la ITI, Sergio Gabriel Ziegler y su esposa Mónica Viviana Mancinelli, fueron detenidos junto a dos colaboradores, y posteriormente llevados a juicio junto a otros seis dirigentes del movimiento que no habían sido detenidos. Se anunció que doce “víctimas” que habían sido “encarceladas” en la comunidad El Redomón, llamada ITI Jerusalem, por “falsos pastores“ y obligadas a trabajar sin salario, habían sido “liberadas”. Como informó un periódico, “El hecho tuvo una enorme repercusión mediática y algunos medios de comunicación de Buenos Aires llamaron a la comunidad Iti Jersualem con el rótulo de ‘la secta del horror’”.
Como suele ocurrir en casos similares, todo empezó con la denuncia del padre de una integrante femenina, que llamó a la línea directa contra la trata de personas quejándose de que su hija había sido sometida a un “lavado de cerebro” y era víctima de trata. Más tarde (pero después de la redada), la madre de un miembro varón también llamó a la línea directa. La PROTEX entrevistó al denunciante, concluyó rápidamente que la ITI no era más que otra “organización coercitiva” implicada en la trata de personas, y trasladó el caso a la fiscalía local, instigando los allanamientos.
En el juicio, sin embargo, no sólo se derrumbó por completo el caso de los fiscales, sino que se criticó duramente la legitimidad de toda la campaña antitrata contra las “sectas”. El tribunal recomendó no utilizar el término “secta”, el equivalente español de “cult”, señalando que “la expresión ‘Nuevos Movimientos Religiosos’ o ‘NMR’… es común en los especialistas para sustituir el término ‘secta’… La ventaja de esta nueva expresión reside en que no carga con las connotaciones negativas del anterior, sino que es ideológicamente neutro”.
La decisión señala que la Constitución argentina garantiza la libertad de adoptar creencias no convencionales y estilos de vida alternativos, de modo que “se han desarrollado y tolerado a través de la historia pasada y actual, elecciones de vida diversas como las ‘Carmelitas Descalzas’ (monjas de clausura), las comunidades ‘Hippies’ de los años 1960, las actuales comunidades ‘Menonitas’ que llevan una vida sencilla”. La referencia a las Carmelitas Descalzas es interesante, ya que también han sido acusadas por el principal antisectas de Argentina, Pablo Salum, que colabora con PROTEX en varios casos, de ser una “organización coercitiva–secta”.
El tribunal también mencionó la jurisprudencia argentina según la cual es perfectamente legítimo que organizaciones sin fines de lucro, tanto laicas como religiosas, lleven a cabo sus actividades mediante trabajo voluntario no remunerado. La sentencia consideró que el trabajo en la ITI Jerusalem “era trabajo voluntario no remunerado legalmente amparado por la legislación vigente y la jurisprudencia reinante. Nada pecaminoso, ni oculto, ni delictivo o, en definitiva, reprochable había en sus actividades y en el accionar de sus directivos.” El tribunal afirmó que esta conclusión se veía “reforzada” por la cooperación de la ITI con REMAR, una organización benéfica evangélica internacional que colabora con varios gobiernos europeos.
Según la sentencia, “REMAR es una ONG sin ánimo de lucro, que cuenta con un número de personas dedicadas íntegramente a la ayuda humanitaria, que en su mayoría han sido primeramente ayudados a salir de situaciones precarias y que deciden amparar a otros que se encuentran en situación de emergencia”. El tribunal señaló que la Corte Suprema argentina decidió en 2018 que el trabajo voluntario para REMAR está protegido legalmente. Sin embargo, en julio de 2023 la PROTEX allanó 38 centros de REMAR, siempre en busca de pruebas elusivas de trata de personas.
En el caso de la ITI, el tribunal encontró una “ausencia absoluta de pruebas” de trata de personas. Peor aún, constató que las supuestas “víctimas” fueron aterrorizadas durante y después de la redada y sometidas a presiones intolerables para hacerles admitir que habían sido víctimas. Ninguna lo hizo. Como resume la sentencia, “a medida que iban testimoniando los que supuestamente eran las víctimas de este enorme e inentendible desaguisado judicial, rayano con el escándalo, se fue demostrando más allá de toda duda razonable que la denuncia estaba plagada de subjetividades inconsistentes elaboradas por la actitud de un padre obsesionado y contrariado con el estilo de vida elegido por su hija y la influencia que ejercía sobre las personas que lo rodeaban que repetían sus dichos (su ex esposa y su actual pareja). Y que todo fue un malentendido que adquirió dimensiones inauditas que tuvo sometidos a proceso a ciudadanos inocentes. Todo ello, por cierta actitud mesiánica y sesgada de los investigadores y de los órganos estatales creados para desbaratar las organizaciones delictivas, que las hay, por cierto. Parece ser que una vez que se pone en marcha la maquinaria del Estado, ésta no se detiene a pesar de que las pruebas resultaban contundentes en sentido contrario, actuando en base a prejuicios, y lo que es más grave aun afectando derechos constitucionales de las supuestas víctimas, y de sus supuestos victimarios, tratando a las primeras, según sus testimonios, como verdaderos imputados”.
La decisión señaló que algunas “víctimas” sufrieron estrés postraumático no por su experiencia en la ITI, que unánimemente describieron como positiva, sino por la redada. Una de las presuntas “víctimas” declaró que “se la trató como una delincuente siendo que supuestamente se la consideraba víctima; recuerda que tuvo una crisis de nervios y le negaron inclusive ir al baño. No les explicaron qué pasaba, recién se enteró cuando habló con quienes ellos vivían, la llevaron a un refugio a las seis de la mañana, a las siete las llevaron a un juzgado, sin comer, sin dormir, ni siquiera recuerda qué declaró porque estaba en shock, solo quería hablar con su familia y no le preguntaron si tenía en donde quedarse, tampoco se le preguntó luego si necesitaba algo”.
Hay muchas historias similares que se mencionan en la sentencia y que recuerdan a lo que nos contaron a mí y a otros académicos como Susan Palmer cuando entrevistamos a las “víctimas” supuestamente “liberadas” –en realidad maltratadas– durante la redada de 2022 contra EYBA.
La sentencia es especialmente crítica con la psicóloga vinculada a PROTEX que examinó a las “víctimas”. Una de esas “víctimas” –un hombre– relató que fue entrevistado por “Una mujer que decía ser psicóloga ‘pero de profesional no tenía nada’, no le preguntó cómo estaba, empezó a cuestionarlo, acusaba a su pastor diciéndole que se llenaba de plata y agrega que él no se sentía una víctima, sólo sentía que ella le quería sacar información para salirse con la suya”.
El tribunal concluyó que las psicólogas “especializadas” mostraban “una especie de vicio profesional, entendiendo por tal ciertas prácticas defectuosas o malos hábitos, consistentes en justificar su existencia o interpretaciones sesgadas creyendo ver en todos los casos las conductas disvaliosas para cuyo combate fueron entrenadas”
La actitud de las psicólogas no sólo fue poco profesional, dijo el juez Roberto Manuel López Arango, que redactó la decisión. Fue posiblemente delictiva. “Genera gran preocupación y estupor lo relatado bajo juramento por los testigos victimas respecto a un posible direccionamiento por parte de las psicólogas tratantes para que aquellos afirmaren una falsedad en perjuicio de los procesados. De acuerdo a mi criterio y experiencia debo decir que las declaraciones de las supuestas víctimas las percibí como espontáneas, sinceras, sentidas y verdaderas (cuando menos, que así fue lo que ellos percibieron) con el grado de verosimilitud necesario para que en mi carácter de funcionario público, me vea en la obligación de correr vista fiscal a fin de que se investigue lo sucedido”
El tribunal no sólo declaró inocentes de todos los cargos a todos los acusados de la ITI, sino que devolvió el caso al fiscal para que investigue las malas acciones de las psicólogas y si cometieron el delito de instigar a los testigos a prestar falso testimonio. El tribunal tampoco declaró inocentes a la PROTEX y a las demás personas que promovieron y llevaron a cabo las redadas. La espectacularización de los allanamientos, el maltrato a los acusados y a las “víctimas”, y las filtraciones a los medios de comunicación induciéndolos a crear el mito de la “secta del horror” justifican una reprimenda a la PROTEX y a los demás organismos, y la advertencia de que tales violaciones de los derechos humanos deben cesar.
“Nunca más”, dijo el tribunal, resumiendo en términos vívidos la horrible experiencia de las “víctimas” que negaron serlo: “sus vidas cambiaron para mal a partir del allanamiento en el campo. Destacaron lo traumático de haber sido despertados a los gritos en la oscuridad durante la madrugada de aquel día por personal de las fuerzas de seguridad, armados, que no les permitían ir al baño o hablar entre ellos; que luego fueron trasladados sin brindarles información alguna, a una locación que hasta la fecha no saben dónde fue; separando a los menores de sus hermanos y familiares”, fueron sometidos a interrogatorios agresivos.
El problema, dijo el tribunal, es sistémico. Parece que en la Argentina opera “un estado que bajo la bandera de la protección de los más ‘vulnerables’, interviene, toma lo que necesita de aquéllos al solo efecto de poder llevar adelante un proceso con aristas que lo tornan altamente mediático, enfocado únicamente en aquéllos que considera ‘responsables’, sin permitirse siquiera escuchar la verdad de las supuestas ‘victimas’ que fue a ‘rescatar’ por el solo hecho de no aceptar que ellas, de forma libre, hayan decidido un proyecto de vida distinto –pero no ilícito por ello– al de la mayoría de la sociedad.”
“Bitter Winter” no ha dejado de alertar sobre los abusos de la PROTEX y sus psicólogos y la fabricación de “víctimas” inexistentes. Es reconfortante ver que algunos en el poder judicial argentino están de acuerdo y piden que se haga algo “para evitar que episodios de esta naturaleza se repitan en el futuro”. El problema, sin embargo, no puede ser resuelto sólo por el poder judicial, y exige la intervención política.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
