La nueva ministra de seguridad destituyó a un funcionario estrictamente relacionado con una definición expansiva de “víctima” y con las campañas contra las sectas. ¿Por qué?
Por Massimo Introvigne
Las controversias siguen azotando a los organismos de lucha contra la trata de personas en Argentina, a los que “Bitter Winter” ha criticado a menudo por su implicación en la represión de las minorías religiosas mediante falsas acusaciones de trata.
El 15 de marzo, la ministra de seguridad de Argentina Patricia Bullrich destituyó al ahora ex director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera, luego de que el organismo fuera trasladado del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Seguridad. Si bien en sus redes Vera protestó y argumentó que el despido se debería a sus insistentes reclamos al gobierno por la asistencia de 130 víctimas de trata que habrían sido rescatadas en los últimos meses, la realidad muestra que puede haber otras razones.
En su página web, el Comité expresa que su labor es la coordinación del diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas. Este organismo fue creado en el año 2012 como parte de una serie de acciones orientadas a reforzar la respuesta punitiva contra la trata de personas en Argentina que, entre otras medidas, resultaron en la enmienda de la ley 26.364 y, posteriormente, la creación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El enfoque legislativo contra la trata y su puesta en marcha por diversas agencias estatales fueron criticados por distintos estudiosos y académicos. Entre otros efectos negativos se pueden mencionar la creación de falsas víctimas, el inédito aumento de detenciones irregulares y de criminalización de mujeres, la instrumentalización de la noción de vulnerabilidad, y los cuestionables procedimientos de cuantificación de casos y víctimas en los informes públicos de los organismos anti-trata.
Vera celebra que, durante su gestión, Argentina llegó al nivel 1 en las evaluaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos debido a su eficacia en la lucha contra la trata. Sin embargo, también es cierto que durante años el Departamento de Estado de Estados Unidos sugirió a la Argentina modificar la ley sobre trata de personas para que la fuerza, el fraude o la coerción sean elementos esenciales del delito, de conformidad con el Protocolo TIP de la ONU, en lugar de factores agravantes como lo son ahora. Llegó al extremo de advertir en el último TIP Report que debido a la amplitud de conductas que pueden ser interpretadas como trata de personas, “se desconoce cuántos de los casos procesados bajo la Ley 26842 involucran delitos de trata según los define el derecho internacional”.
Recientemente, el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, de la ciudad de Mar del Plata, señaló que en los últimos años la PROTEX expandió indebidamente la figura penal de la trata, generando enormes daños. Estos reclamos se suman a lo ya publicado por “Bitter Winter” y Human Rights Without Frontiers en relación al ataque a grupos religiosos y espirituales minoritarios utilizando el argumento de la trata de personas basado en una noción tergiversada de “vulnerabilidad”, y el supuesto uso de lavado de cerebro (una categoría pseudocientífica desacreditada), que resultó en la fabricación de falsas víctimas de trata. El Tribunal Oral Federal de Paraná, en un reciente fallo, sugirió investigar los abusos y posibles delitos cometidos por las psicólogas y las agencias anti-trata, quienes actuaron a base de prejuicios y violaron derechos constitucionales tanto de las supuestas víctimas como de los acusados. En otras palabras, en materia de cifras, los informes de las agencias gubernamentales argentinas dejan mucho que desear.
Vera participa activamente en la difusión de la ideología antisectas abrazada por la PROTEX, tal como se observa en el patrocinio por parte del Comité del folleto contra las “organizaciones coercitivas” publicada por el gobierno argentino en julio de 2023. También sugirió personalmente en la séptima reunión de autoridades nacionales contra la trata de personas de la Organización de Estados Americanos considerar las actividades de esas “organizaciones coercitivas” como una nueva modalidad del delito. No es raro que Vera y la PROTEX compartan esas ideas, dado que también comparten un vínculo con el activista antisectas argentino Pablo Salum.
Pero esa no es la única característica que une a Vera con PROTEX y otras agencias anti-trata. A fines del año pasado, el medio de comunicación argentino “La Nación” publicó una investigación sobre la dudosa gestión del Fondo Fiduciario Público de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. La investigación reveló que desde 2021, año de puesta en funcionamiento del Fondo, sólo 11,5 de 21,8 millones de pesos argentinos habían sido distribuidos, sin que constaran informes sobre el estado o destino actual del dinero restante. Poco tiempo después, el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani –cuya localidad registra la mayor cantidad de sentencias por trata de personas del país– denunció que ni una sola víctima de esa jurisdicción había sido indemnizada por el Fondo hasta ese momento. Vera también estuvo implicado en un oscuro asunto de posible apropiación de máquinas de coser incautadas en un caso de trata, aunque las causas contra él fueron finalmente sobreseídas. La coartada que dio Vera en aquel momento fue que un juez lo había autorizado a retirar las máquinas. No es un detalle menor que ese juez fue Ariel Lijo—el mismo que calificó a la Escuela de Yoga de Buenos Aires como una secta que lavaba cerebros. Un observador especialmente malicioso podría incluso pensar que no se trata de una mera coincidencia.
Llamativamente, el organismo que administra la adjudicación de reparaciones del Fondo de Asistencia a víctimas es el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, formado por representantes de distintos organismos estatales y civiles, incluyendo a Vera y los fiscales titulares de la PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. La fuente de ingresos del Fondo proviene del decomiso de bienes y dinero en casos judiciales de trata—no necesariamente con sentencia firme.
Es por esta razón que Pettigiani sugiere que la aplicación cada vez más extensiva de la figura de trata por parte de los organismos estatales puede tener como propósito “acrecentar el Fondo fiduciario creado por ley 27508” con el “sentido de alimentar cierto sector ideológico y, a la par, también a esa caja negra, permitiendo que, en nombre de las víctimas, se sostenga una gran estructura administrativa y un ingente gasto público, mas sin atender el que debería ser el fin principal y exclusivo, de atención y contención de las víctimas”. Con todo esto en mente, el argumento de Vera para explicar su despido es irónico. Las verdaderas razones obviamente han sido otras.
Estos no son los únicos daños de las actuales políticas argentinas anti-trata. Debido a las acciones de PROTEX y otros organismos, tal como ha sido denunciado más de una vez por “Bitter Winter”, Human Rights Without Frontiers, el Tribunal Oral Federal de Paraná y numerosas ONGs internacionales, lo que está en juego son los derechos humanos, especialmente el derecho a la autodeterminación y la libertad de religión o creencias.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
