Los fiscales cuya actuación demuestra falta de objetividad, y que buscan volver a encarcelar a un hombre que se encuentra bajo arresto domiciliario y en grave estado de salud, deberían ser apartados de la causa.
Por Bitter Winter
Las organizaciones abajo firmantes, dedicadas a la defensa de la libertad de religión o de creencias y a la protección de los derechos humanos fundamentales, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de Konstantin Rudnev, un maestro espiritual ruso que se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Argentina. Aunque su traslado fuera de la cárcel fue una medida humanitaria necesaria, su situación sigue siendo precaria. Los fiscales han apelado la orden de arresto domiciliario, y la Cámara Federal de Casación ha aceptado revisar su recurso. Esto significa que Rudnev —cuya salud se ha deteriorado hasta un estado crítico— podría ser devuelto a prisión en cualquier momento. Tal desenlace sería tan peligroso como injusto.
El caso de Rudnev no puede entenderse sin reconocer la dimensión de libertad religiosa que lo ha marcado desde el principio. En la práctica, se le está persiguiendo no por nada que haya hecho en Argentina, sino porque se le percibe como un «líder de una secta», una etiqueta importada de la campaña de larga data de Rusia contra los movimientos espirituales independientes. Su condena anterior en Rusia —impulsada por motivos políticos y religiosos y ampliamente criticada por observadores internacionales— ha sido invocada repetidamente en los procedimientos argentinos, creando un clima de sospecha que ha distorsionado la investigación. Basándose en esta mitología importada, las autoridades construyeron una narrativa especulativa en la que una joven, E., era supuestamente su víctima. Sin embargo, la propia E. ha declarado sistemáticamente que nunca habló con él, nunca perteneció a ninguna «secta» y nunca sufrió ningún daño por parte de él ni de nadie asociado con él.
A pesar de ello, el equipo de la fiscalía ha seguido persiguiendo una teoría que no está respaldada por pruebas. Su conducta ha suscitado serias preocupaciones: han ignorado testimonios exculpatorios, se han resistido a las decisiones judiciales y han actuado con un grado de hostilidad incompatible con la objetividad exigida por las normas nacionales e internacionales. Tres mociones distintas para su recusación —incluida una presentada por la propia E.— dan cuenta de la gravedad del problema. El reciente intento de los fiscales de revocar el arresto domiciliario de Rudnev, incluso mientras espera tratamiento médico urgente, refuerza la percepción de que sus acciones no están motivadas por los hechos, sino por prejuicios.
Nos alarma igualmente la dimensión humanitaria de este caso. Rudnev padece fibrosis pulmonar, secuelas de un accidente cerebrovascular, desplazamiento de vértebras cervicales y una hernia inguinal masiva. Su traslado desde Rawson al arresto domiciliario implicó veinticuatro horas de frío, inmovilidad y dolor sin tratamiento, condiciones que ninguna persona con salud frágil debería soportar. Ahora se encuentra hospitalizado y a la espera de una cirugía. Cualquier intento de devolverlo a prisión antes de que reciba la atención médica adecuada pondría su vida en riesgo y constituiría una violación de las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.
Este caso también refleja un problema estructural más amplio en Argentina: el uso extensivo de cargos relacionados con la trata de personas y la detención prolongada de personas sin condena o incluso sin cargos claramente articulados. La experiencia de Rudnev —detención sin orden judicial, falta de traducción, ausencia de acusaciones específicas y prisión preventiva prolongada— refleja las dificultades que enfrentan muchas otras personas atrapadas en un sistema donde la conjetura puede sustituir a la evidencia y donde se recurre excesivamente a la prisión preventiva. El problema va más allá de una sola persona; afecta a las familias, a las comunidades y a la credibilidad del propio sistema de justicia.
Por estas razones, instamos respetuosamente a las autoridades argentinas a que tomen las siguientes medidas:
1. Asegurarse de que se deniegue la solicitud de los fiscales de devolver a Konstantin Rudnev a prisión, ya que tal medida pondría en peligro su vida y contradiría los principios del debido proceso y la proporcionalidad.
2. Garantizar que reciba un tratamiento médico adecuado e ininterrumpido, incluida la cirugía que necesita con urgencia y la atención posoperatoria necesaria para su recuperación.
3. Apartar a los fiscales cuya actuación ha demostrado una grave falta de objetividad, desatención de la prueba y una hostilidad incompatible con sus deberes profesionales, y asignar la causa a funcionarios capaces de llevar adelante una revisión objetiva y respetuosa de los derechos fundamentales.
Argentina tiene una orgullosa tradición de defensa de los derechos humanos en la escena internacional. Hacemos un llamado a sus instituciones para que mantengan esa tradición ahora. La credibilidad del sistema de justicia —y la vida y la dignidad de un hombre que ya ha soportado años de persecución— dependen de una acción decisiva.
Alessandro Amicarelli, Presidente, FOB – Federación Europea para la Libertad de Creencia.
Luigi Berzano, Presidente, Observatorio del Pluralismo Religioso
Francesco Curto, Cofundador, Fedinsieme [Credos Juntos].
Raffaella Di Marzio, Directora Ejecutiva, LIREC – Centro de Estudios sobre la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia.
Willy Fautré, Cofundador y Director, HRWF – Derechos Humanos Sin Fronteras.
Massimo Introvigne, Cofundador y Director, CESNUR – Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones.
Camelia Marin, Subdirectora, Soteria International.
Hans Noot, Director, Fundación Gerard Noodt para la Libertad de Religión o Creencia.
Marco Respinti, Director Responsable de “Bitter Winter”, revista diaria sobre libertad religiosa y derechos humanos.
Rosita Šorytė, Presidenta, ORLIR – Observatorio Internacional de la Libertad Religiosa de los Refugiados.
Thierry Valle, Presidente, CAP-LC – Coordinación de Asociaciones y Particulares por la Libertad de Conciencia.
Peter Zoehrer, Director Ejecutivo, Foro Europeo para la Libertad Religiosa (FOREF).
