Tras una disputa económica con la Escuela, la mujer que en la causa del 2000 desmintió las acusaciones ahora afirma que eran ciertas. ¿Podemos creerle?
por Massimo Introvigne
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En la entrega final de esta serie nos enfrentamos a una realidad inquietante: el pasado ya no es seguro. El sobreseimiento de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) en el año 2000, que se consideraba un asunto resuelto en términos de derecho y de hecho, está siendo nuevamente litigado —no solo en los tribunales, sino en la corte de la opinión pública. Parte de esta ola revisionista tiene como protagonista a una figura conocida: V.L., cuyo testimonio en su momento ayudó a desmantelar las acusaciones contra la EYBA, y que ahora, más de dos décadas después, ha invertido su relato.
Este giro no es meramente personal. Es sintomático de una tendencia más amplia, en la que minorías espirituales son objeto de persecución a través de interpretaciones expansivas de las leyes de trata, y donde actores ideológicos buscan criminalizar la diferencia bajo el disfraz de protección. Los fantasmas del pasado han regresado, no para perseguir a los culpables, sino para inquietar a los inocentes.
Como se exploró en el artículo anterior, V.L. fue una testigo clave en la causa del 2000. Su testimonio, respaldado por evaluaciones psicológicas e informes forenses, mostraba a una joven que escapaba de un hogar violento, no a una víctima de explotación espiritual. Ella negaba cualquier abuso sexual o económico dentro de la EYBA, y los expertos afirmaban que su salud mental había mejorado notablemente tras unirse a la Escuela. Su relato era consistente, corroborado y convincente.
En 2025, esa narrativa ha cambiado. Tras una disputa económica con la EYBA por una supuesta deuda laboral, V.L. se sumó a la nueva causa contra la organización. Ahora afirma que sufrió abusos sexuales y económicos, y que las declaraciones del activista antisectas Pablo Salum —que antes desestimaba como fantasía— eran ciertas desde el principio.
Este cambio radical plantea serias dudas. Durante 25 años, V.L. negó ser víctima y defendió a la Escuela. Su nuevo testimonio contradice sus propias declaraciones pasadas y las conclusiones de múltiples psicólogos y de un juez que examinó su caso en profundidad. Aunque su situación actual —marcada por problemas de alcoholismo— merece empatía, también exige cautela. Las implicancias son demasiado graves para aceptar sin más un viraje tan drástico.
El relato revisionista de V.L. cuenta con el respaldo mediático de María Lourdes Molina, cuya participación en el caso original estuvo lejos de ser neutral. Como mencionamos en nuestro artículo anterior, Molina, vinculada al grupo antisectas SPES, participó en los años noventa en una fallida “intervención familiar” (en realidad, un intento de desprogramación) destinada a sacar a V.L. de la EYBA.
En una entrevista reciente, Molina sostuvo que no cree en la desprogramación. Sin embargo, sus acciones en los años noventa —documentadas en expedientes judiciales— indican lo contrario. La desprogramación, práctica que implica sacar por la fuerza a personas de grupos espirituales y someterlas a un proceso de “desconversión” ideológica, ha sido ampliamente condenada como coercitiva y antiética. Tribunales en Estados Unidos y en la Unión Europea la han calificado como práctica delictiva.
La participación de Molina en la difusión del relato revisionista de V.L. sugiere no una reevaluación neutral, sino la continuación de una campaña ideológica: una campaña que fracasó en 2000 y que hoy se está reformulando bajo el lenguaje de la trata.
El medio hermano de V.L., M.P.S., también aparece en los medios apoyando la versión revisionista y negando que la relación entre la joven y su padrastro hubiera sido abusiva o tóxica. Como vimos en el artículo anterior, su testimonio en la causa resuelta en 2000 fue distinto. En aquel momento, M.P.S. ya era hostil a la Escuela y no tenía motivos para ofrecer argumentos en su defensa.
La causa actual contra la EYBA se construye sobre cimientos conocidos de la retórica antisectas: acusaciones de explotación sexual, manipulación psicológica y trata.
El fallo del 2000 del juez Corvalán de la Colina examinó precisamente estas denuncias. No halló pruebas de persuasión coercitiva, ni señales de servidumbre psicológica, ni testimonios creíbles de abuso sexual. Reabrir lo que es sustancialmente el mismo caso después de más de veinte años no es justicia: es un bucle legal.
Lo que ha cambiado no son los hechos, sino el marco interpretativo. El concepto de “trata” se ha ampliado en Argentina (y en otros países) hasta abarcar una amplia gama de conductas —algunas peligrosamente vagas. Como sostiene María Vardé en un artículo reciente para “The Journal of CESNUR”, esta expansión corre el riesgo de criminalizar la afiliación espiritual y la participación económica en movimientos religiosos minoritarios.
Esta tendencia es especialmente preocupante en el caso de la EYBA. La Escuela ha sido durante décadas blanco de actores ideológicos que confunden creencias no convencionales con intención criminal. La nueva causa, que se apoya en testimonios reciclados y teorías desacreditadas, amenaza con deshacer décadas de claridad judicial.
El papel de los medios en esta ola revisionista no puede ignorarse. Un artículo que relata el “regreso a casa” de V.L. lo hace con un tono triunfalista, como si su reversión validara las acusaciones originales. Omite mencionar las extensas evaluaciones psicológicas que confirmaron en su momento su competencia mental, o los informes forenses que no hallaron signos de patología. Silencia el hecho de que permaneció libremente en la EYBA durante décadas, mucho después de que otros se hubieran marchado, y que negó de forma reiterada ser una víctima.
Este relato selectivo no es periodismo: es militancia. Busca reescribir la historia borrando hechos incómodos y elevando narrativas ideológicas. Trata el trauma como un recurso retórico, no como una realidad clínica. Y lo hace a expensas de la verdad.
El intento de reinterpretar la historia de V.L. no es solo una tragedia personal, sino un acto político. Refleja un esfuerzo más amplio por usar el lenguaje de la trata y del abuso para perseguir a minorías espirituales. Explota a personas vulnerables para avanzar agendas ideológicas. También socava los principios de justicia que el fallo del 2000 buscó resguardar.
Evidentemente, no sostengo que la EYBA deba estar exenta de escrutinio—ninguna organización lo está. Pero el escrutinio debe basarse en pruebas, no en emociones; en hechos, no en temores. El caso del 2000 fue uno de los más exhaustivamente examinados en la historia judicial argentina. Revisarlo ahora, sin nuevas y contundentes evidencias, es poner a la justicia misma en el banquillo.
Al concluir esta serie, una verdad permanece clara: la Escuela de Yoga de Buenos Aires fue sobreseída en 2000 no por presiones, ideologías o sentimentalismos, sino porque las pruebas no sustentaban las acusaciones. Esa decisión, tomada por un juez experimentado, merece ser recordada y respetada.
La causa actual, cimentada en revisionismo y fervor ideológico, amenaza con deshacer ese legado. Instrumentaliza el trauma, distorsiona la memoria y criminaliza la diferencia. No es una búsqueda de justicia, sino una repetición del error.
Los jueces que decidan la segunda causa contra la EYBA harían bien en resistir los fantasmas del revisionismo, defender la integridad del pasado y recordar que la justicia, una vez dictada, no es una sugerencia: es un fundamento.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
