La reconstrucción que hizo el juez de la experiencia de una joven cuyo padre inició la causa fue crucial para su decisión de declarar inocentes a los imputados.
por Massimo Introvigne
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Pocos casos en la historia jurídica argentina han sido tan polarizantes —o tan mal representados— como el de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA). El fallo del 2000 del juez Roberto Corvalán de la Colina, que sobreseyó a la Escuela de todos los cargos, no fue meramente una decisión judicial. Fue un momento de confrontación con los peligros de la persecución ideológica y con la fragilidad del testimonio personal bajo la presión pública.
En el origen de aquella causa estuvo una mujer. Por razones éticas, y a diferencia de algunos medios que han publicado su nombre completo, nos referiremos a ella solo como V.L. Su testimonio, las pericias psicológicas y su trayectoria vital ofrecen una ventana al costo humano del error de juicio.
V.L. no era una estudiante típica. Cuando ingresó a la EYBA, ya había soportado años de trauma. En su testimonio para la causa resuelta en 2000, relató haber sido agredida físicamente por su madre y su padrastro. Describió a la EYBA no como un lugar de coerción, sino de refugio. “Desde que ingresó a la Escuela, se sintió mejor”, consta en el expediente. Negó expresamente la existencia de abusos sexuales dentro de la Escuela, contradiciendo las principales afirmaciones de la acusación.
Su testimonio no se aceptó sin más. Varios profesionales, entre ellos María Cristina Vila, especialista en violencia familiar, lo corroboraron. Vila realizó cuatro entrevistas en profundidad con V.L. en 1999, de dos horas cada una. A partir de esas sesiones, de informes previos y de materiales aportados por la propia V.L. —incluidos videos—, concluyó que V.L. había sufrido abusos psicológicos, físicos y sexuales en su niñez y adolescencia. Incluso empleó el término “incesto”. Un punto crucial: Vila rechazó la idea de que la EYBA hubiera “lavado el cerebro” a V.L. Al igual que el juez Corvalán, y a diferencia de la corriente principal de los estudiosos de los nuevos movimientos religiosos, creía en la existencia del “lavado de cerebro”, pero no halló evidencia de ello.
Otros profesionales coincidieron con los hallazgos de Vila. María del Carmen Pérez de Caputo, quien trató a V.L. entre los 15 y 17 años, señaló su depresión y su relación conflictiva con el padrastro. Si bien no mencionó abuso sexual, identificó un trauma profundo derivado de la separación de los padres biológicos de V.L. y de la nueva relación de su madre. V.L. percibía a su padrastro como un obstáculo para el afecto materno —dinámica que marcó su vida emocional.
Incluso el medio hermano de V.L., M.P.S., quien se opuso a su participación en la EYBA, reforzó el relato de ella. Describió una “intervención familiar” (en realidad, un intento de desprogramación) orquestada por sus padres y por una psicóloga llamada María Lourdes Molina, vinculada al grupo antisectas SPES. Ese intento de desprogramación llevó a V.L. a abandonar la casa materna con ayuda y acompañamiento de la policía. M.P.S. también reveló que V.L. había intentado suicidarse tres veces antes de ingresar a la EYBA y que tenía dificultades en los estudios. No se refería a su padrastro como “papá”, subrayando la distancia afectiva entre ambos.
Estos testimonios dibujaron un cuadro coherente: V.L. era una joven que escapaba de un entorno familiar tóxico, no una víctima de explotación espiritual.
El análisis del caso de V.L. por parte del juez Corvalán de la Colina fue minucioso. No encontró indicios de que V.L. hubiese sido manipulada. “no se advierte en V.L. estar frente a una persona que consiente sin información”, escribió. Concluyó que V.L. no estaba bajo constreñimiento psicológico, no carecía de acceso a apoyos sociales y no estaba sometida a amenazas ni a control intensivo.
El juez subrayó que V.L. había mejorado desde que dejó su hogar. Sus intentos de suicidio cesaron y se mantuvo comprometida con la EYBA durante años, mucho después de que otros se hubieran marchado. “En tantos años podría haber cambiado de opinión”, observó Corvalán. Pero no lo había hecho. Ella insistía en que no era víctima de la Escuela.
La sugerencia de la fiscalía de que la EYBA la había moldeado para convertirla en una “adepta” sometida a lavado de cerebro fue desestimada. “No existen pruebas convincentes de ello”, escribió Corvalán. Las propias declaraciones de V.L. socavaban la pretensión. Una pericia médico-forense realizada en 1994 no halló signos de patología severa ni de cambio de personalidad. Lo que sí reveló fue un patrón de depresión y conflicto familiar.
Durante más de dos décadas, V.L. mantuvo su postura. Siguió viviendo de forma independiente, trabajó en la cafetería de la EYBA y rechazó las acusaciones del activista antisectas Pablo Salum —acusaciones en las que figuraba su nombre. Su coherencia fue notable, especialmente dada la presión mediática y el estigma social en torno a la Escuela.
Su historia, tal como se narró en 2000, no fue de victimización sino de supervivencia. Encontró en la EYBA una comunidad que respetó su autonomía y acompañó su recuperación. Los psicólogos que la evaluaron no encontraron a una seguidora manipulada; encontraron a una mujer que recuperaba su vida.
En 2025, fiscales, medios e incluso la propia V.L. están cuestionando ese relato, como detallaremos en el próximo (tercer) artículo de esta serie.
El intento de reconfigurar la historia de V.L. forma parte de un esfuerzo más amplio por revisar la decisión del 2000. La nueva causa contra la EYBA se apoya en gran medida en testimonios y teorías que ya fueron examinados y descartados. El nuevo caso se inscribe en una tendencia más amplia en la Argentina, que difumina la línea entre protección y persecución, convirtiendo el lenguaje terapéutico en herramientas acusatorias. En el caso de V.L., el riesgo no es solo jurídico, sino personal. Su vida, antes un testimonio de resiliencia, es ahora utilizada para socavar a la misma comunidad que la ayudó a sanar.
La historia de V.L., tal como se contó en 2000, fue de dolor, escape y recuperación. Fue validada por expertos, sostenida por un juez y mantenida por sus propias palabras durante más de dos décadas. Su reciente reversión debe abordarse con cautela. Lo que está en juego es demasiado grande —y la historia demasiado clara— como para permitir que la emoción prevalezca sobre la evidencia.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
