El informe es mejor que otros, y reconoce cómo ha mejorado la forma en la que los Testigos protegen a los menores, aunque a menudo los medios de comunicación lo malinterpreten.
por Massimo Introvigne
Parte 1 de 2.
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En septiembre de 2021, la Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, una comisión oficial de investigación de Inglaterra y Gales que no forma parte de ningún organismo político pero que tiene autoridad para citar a testigos y solicitar documentos, publicó su informe “Child Protection in Religious Organisations and Settings” (Protección de menores en organizaciones y entornos religiosos).
El informe menciona en numerosas ocasiones a los testigos de Jehová. A diferencia de otros informes sobre este asunto en diferentes países, y a pesar de que incluye alguna crítica, destaca aspectos positivos de las medidas adoptadas por los testigos de Jehová para proteger a los menores y menciona la evolución y las mejoras que han implementado a lo largo del tiempo. El informe confirma que los testigos de Jehová 1) tienen directrices para informar de acusaciones de abuso a las autoridades del gobierno “incluso si hay un único denunciante y no existen pruebas que corroboren la acusación” (pág. 65 párr. 6.3), 2) han demostrado que esas directrices
se aplican (págs. 64-66 párrs. 6.1-6.9) y 3) son de las pocas organizaciones religiosas que cuentan con un procedimiento disciplinario interno que puede llevar a la expulsión de quienes hayan cometido abuso de menores (pág. 71 párr. 30).
Por otro lado, se debe separar lo que dice el informe de cómo lo han recibido los medios. Algunos han visto la oportunidad de repetir viejas difamaciones contra los testigos de Jehová, fomentadas por un pequeño pero ruidoso número de antirreligiosos profesionales y ex miembros hostiles.
No solo en Inglaterra y Gales, estas calumnias confunden de forma malintencionada cómo se informan los casos de abuso sexual a las autoridades y cómo se administra la disciplina eclesiástica en la congregación. Aunque no ha sido en absoluto el objetivo de la comisión, algunas porciones del informe aportan sin querer argumentos a los difamadores.
Otra forma de desprestigiar a las organizaciones religiosas con respecto al abuso sexual es confundir los casos pasados, que ocurrieron antes de que la sociedad en general fuera tan sensible como lo es ahora al fenómeno de abuso, con los casos que ocurren o probablemente ocurran hoy día. A este respecto, el informe de la comisión hace un esfuerzo admirable por evitar tal confusión, aunque en ocasiones lo que dicen los medios dificulta la distinción.
El informe describe la organización interna de los testigos de Jehová de forma bastante exacta y analiza tres casos de abuso, cuya reconstrucción exacta fue objeto de debate, cometidos por dos siervos ministeriales a finales de los 80 y principios de los 90.
Aunque la investigación analizó tres casos cometidos por dos agresores, señaló que “hay más de 131.700 testigos de Jehová en Inglaterra y Gales. Según sus registros, se habían informado a su sucursal 67 acusaciones [de abuso sexual de menores] en los pasados 10 años” (pág. 16 párr. 15.4). Obviamente, las acusaciones no son hechos probados. Algunas acusaciones pueden ser infundadas, así como es posible que algunos incidentes no se hayan informado, como ocurre en otras organizaciones religiosas y en la sociedad en general.
El aspecto más interesante para la comisión es si las políticas de los testigos de Jehová contribuyen a que algunos casos no lleguen a informarse. El informe menciona el ampliamente publicitado caso Lancashire County Council v E & F, ocurrido en el 2020. El juez del tribunal superior descubrió que dos ancianos tardaron tres años en denunciar un caso de abuso sexual de menores a la policía, después de que la madre les informara que su marido estaba acosando sexualmente a sus dos hijas. La madre también testificó que tenía la “sensación” de que los ancianos preferían no involucrar a la policía, aunque reconoció que nadie le dijo que no contactara con las autoridades (pág. 32, párr. 47).
De hecho, el informe asume la posibilidad de que los ancianos, más que encubrir al abusador, confiaron en la garantía de la madre de poder proteger a sus hijas. El informe indica que “este caso es un ejemplo de que, antes de que los testigos de Jehová incorporaran las directrices sobre protección de menores del 2018 y 2019, existía el riesgo de que los ancianos no denunciaran los casos a las autoridades debido a que los padres ofrecían garantías sin base” (pág. 67 párr. 7). Esta afirmación implica que las cosas cambiaron al adoptar las nuevas directrices del 2018 y 2019.
El artículo reconoce que actualmente el incidente se hubiera tratado de forma diferente. “Según los procedimientos vigentes de los testigos de Jehová, los ancianos deben llamar al Departamento de Asuntos Legales y al Departamento de Servicio de la sucursal para recibir orientación sobre la divulgación del asunto, si existen razones para pensar que hay ‘riesgo de que el menor sufra abusos’ y si se debe acudir a las autoridades” (pág. 33, párr. 52). “En armonía con dichas directrices, puede presentarse una denuncia ante las autoridades del gobierno incluso si hay un único denunciante y no existen pruebas que corroboren la acusación” (pág. 65 párr. 6.3).
Los testigos de Jehová aclararon a la comisión que, cuando los ancianos creen que un menor está en peligro, “las directrices actuales indican que los ancianos deben denunciar lo ocurrido a la policía incluso si los padres se niegan a hacerlo” (pág. 67 párr. 7). Como se mencionó anteriormente, la comisión confirmó que se aportaron pruebas de que, desde que las directrices entraron en vigor, se siguen al pie de la letra (págs. 64-66 párrs. 6.1-6.9), incluso en Inglaterra y Gales donde, al contrario que en otros países, no existen leyes que obliguen a informar a las autoridades.
Sin embargo, la comisión sostiene algunas críticas. Indica que, por lo general, las directrices de los testigos de Jehová no se aplican a casos en los que “un menor próximo a la edad adulta participa voluntariamente en actos sexuales con un adulto unos cuantos años mayor que él” (pág. 43 párr. 20). Estas son similares a las disposiciones de otras organizaciones religiosas, que parece que normalmente se aplican, por ejemplo a una relación entre una joven de 17 años y un joven de 19. A la comisión le gustaría que se definieran de forma más precisa los términos “unos cuantos años mayor” y “voluntariamente” y recomienda que se profesionalicen más la capacitación y algunos procedimientos, apoyándose en profesionales independientes siempre que sea posible.
A la comisión también le preocupa el hecho de que los consejos que dan los testigos de Jehová se presentan, en vez de en un lenguaje llano y directo, en textos llenos de citas bíblicas, lo que en opinión de la comisión los hace menos compresibles. Los testigos de Jehová presentaron un informe independiente realizado por Ian Elliott, muy respetado en temas relacionados con el abuso de menores. Elliott concluyó que las directrices de los testigos de Jehová sobre la protección de menores proporcionan “un marco adecuado para transmitir aquello que se pretende conseguir”. Explicó que, debido a la manera en la que hoy día los testigos de Jehová hacen disponible y reciben la información, las instrucciones que contienen lenguaje bíblico son más, y no menos, comprensibles y eficaces en sus congregaciones.
La comisión comentó que el informe de Elliott era “de una utilidad limitada, que se había aportado tarde a la investigación y que se había preparado para un propósito diferente” (pág. 43 párr. 21). Sin embargo, el informe de Elliott fue adjuntado por la comisión como uno de los “documentos clave” del informe.
El informe de Elliott se preparó para una investigación de la Charity Commission, que comenzó en el 2014 y que sigue en curso, ante la preocupación de que los testigos de Jehová son blanco de críticas y trato injusto de su parte.
En cuanto a la comisión, sus conclusiones son que, en lo que respecta a denunciar los casos inmediata y eficazmente ante las autoridades (incluso en las ocasiones en las que las leyes no obliguen a ello), puede que las políticas de los testigos de Jehová no hayan sido las mejores en el pasado, como las de la mayoría de las organizaciones religiosas analizadas, pero que las medidas que han adoptado los Testigos en contra del abuso han sido cada vez más efectivas a medida que ha aumentado la conciencia social del abuso sexual. Al leer el informe, he percibido que, aunque se sugieren algunas mejoras, las directrices de los testigos de Jehová son comparativamente mejores que las de otras religiones.
No obstante, la comisión critica la forma en la que los ancianos de la congregación tratan a los agresores después de haber denunciado el asunto ante las autoridades. Analizaremos este otro aspecto del informe en un segundo artículo.
Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.
